Otra vez, el transporte público.

Otra vez, el transporte público.

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“Lacras sociales como Pedro Enrique López y Sara Barocio se suman a los nefastos concesionarios cuyos títulos de transporte colectivo se reparten entre una docena de afortunados quienes llevan décadas diciendo que el servicio que prestan no es negocio, ¡Puta madre!, entonces que dejen las concesiones y que se dediquen a vender carros, hates u otra cosa que sí les deje dinero, ya que su raciocinio mezquino, atemporal y corrupto ha sido el mismo: no aumento a la tarifa, no servicio”.

 

Antonio Ceja

Por enésima vez, los concesionarios del transporte colectivo que usan, malamente, unidades para dar servicio de transporte de pasajeros usando permisos de para “taxi”, hicieron de las suyas. Suspender, como medida de presión, un servicio básico por sus pistolas, sin pensar en la afectación de miles de usuarios y cuyos daños colaterales fueron peores, es algo que la autoridad estatal y municipal de ninguna manera debe de tolerar.

La capital del estado es vista, por estos abusivos concesionarios, como la vieja, polvorienta y empedrada ciudad de hace 40 años donde la mancha urbana no llegaba más allá de las calles Isabel La Católica- Álvaro Obregón y Márquez de León a –“la nueva calle”- Francisco King y bastaban unos cuantos coches para llevar y traer gente en sus unidades, las cuales, jamás en la historia han sido las adecuadas para el transporte público.

El problema se ha dejado crecer porque son las mismas autoridades, hambrientas de votos, las que han consentido a estos voraces e ineficientes prestadores de un servicio que debería ser digno de una capital de un estado del país y no, como dicen peyorativamente de La Paz, de un rancho bicicletero. El gremio de taxis, apapachado por el PRIato, tiene hoy consecuencias que la alternancia del poder no puede someter a los concesionarios a que operen bajo condiciones apropiadas ya que son, los mismos concesionarios, quienes hacen y deshacen a su antojo rutas, roles, horarios, tarifas sin que exista de por medio un estudio socio geográfico- demográfico profesional que permita la optimización de tan importante servicio.

Lacras sociales como Pedro Enrique López y Sara Barocio se suman a los nefastos concesionarios cuyos títulos de transporte colectivo se reparten entre una docena de afortunados quienes llevan décadas diciendo que el servicio que prestan no es negocio, ¡Puta madre!, entonces que dejen las concesiones y que se dediquen a vender carros, hates u otra cosa que sí les deje dinero, ya que su razocinio mezquino, atemporal y corrupto ha sido el mismo: no aumento a la tarifa, no servicio.

Es necesario que las autoridades se sacudan este lastre de los concesionarios y pongan a revisión en manos de quien están los permisos; el SAT, el IMSS y la Secretaría del Trabajo deberían de intervenir porque la explotación de los choferes a los que se les renta la unidad o las placas laboran bajo condiciones inhumanas. Fiscalmente, nadie sabe a ciencia cierta cuales son los números o las finanzas de este pulpo de corrupción ya que nunca se han entregado, a los usuarios, boletos que comprueben el pago del servicio, es, pues, una actividad metida en la informalidad porque, de entrada, los choferes no exigen factura cuando cargan combustible.

¿Y la sociedad? ¿Y los defensores de las causas sociales? ¿Y los chairos que protestan por todo? ¿Y los políticos busca votos? Claro, no les conviene salir a manifestarse porque los concesionarios YA saben que aquellos sectores son solo espectadores y que los tiene en sus manos.

¡Ya basta! Estamos hasta la madre de tener el peor servicio de transporte público, salvable solo por el esfuerzo que hace la empresa Águila cuya competencia es un dolor de cabeza para los hijos de puta de los concesionarios. ¡Ya señores! Retírenles las concesiones a estas sabandijas cuyas eternas promesas de mejorar el servicio son simple palabrería, acción que la Ley ampara en caso de suspender, por sus pistolas, un servicio elemental para la sociedad.

Vamos al corte:

La Ley es la Ley. Con la mano en la cintura, la autoridad competente habría ya terminado con el monopolio de las concesiones si aplica, como debería ser, los Artículos de la Ley de Transporte para Baja California Sur ya que, si usted, amable lector se remite a los Artículos 36, 37 y 40 de este documento, podrá apreciar que el servicio de peseras opera bajo condiciones ilegales:

 http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/baja-california-sur/ley-de-transporte-para-el-estado-de-baja-california-sur.pdf

Al Aire

jose-luis-escalera-morfin-990x660Luego de sostener una reunión con concesionarios del servicio de transporte público de La Paz, el secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte (SEPUIT), José Luis Escalera Morfín, dio a conocer la conclusión del paro temporal que llevaron a cabo. El funcionario estatal explicó que la actuación del Gobierno en este tema se dio en el marco de la ley de Transporte para el Estado, que le faculta para efectuar tareas de inspección y vigilancia, buscando garantizar la transportación. De igual manera, señaló que, en coordinación con las autoridades correspondientes del municipio de La Paz, seguirán vigilantes y garantes del transporte que otorga servicios a miles de ciudadanos de esta ciudad capital y evitar más molestias. La normatividad estatal establece que si algún transportista del ramo, modifica o altera la condición en que le fue otorgada la concesión, o abandona de manera injustificada el servicio, se hará acreedor a sanciones, agregó. Con fundamento en esas facultades, dijo que se iniciarán los procedimientos a que haya lugar y precisó que, de seguir con la suspensión en forma reiterada, de acuerdo con el artículo sexto de la ley del Transporte, podrían recibir desde una amonestación hasta la revocación del permiso. Finalmente, el titular de la SEPUIT subrayó que lo más importante es garantizar la movilidad del usuario y no permitir que se vean afectadas las familias en sus actividades cotidianas.

CMD_P (4)El gobierno del estado que encabeza Carlos Mendoza Davis tiene detectadas 117 zonas de riesgo y alto riesgo en la entidad, por lo que se instalaran 137 refugios temporales, de los cuales, 28 corresponden al municipio de La Paz, 50 en Los Cabos, 28 en Comondú, nueve en Loreto y 22 en Mulegé, con una capacidad de alojamiento para más de 25 mil personas. En el marco de la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, Mendoza Davis señaló que en su administración, se trabaja en coordinación con las instituciones para garantizar la seguridad e integridad de las familias, ante los embates de cualquier fenómeno natural”. Al acto de instalación del Consejo acudieron representante del Sistema Nacional de Protección Civil, Víctor Alonso Aznar, de las y los alcaldes de Loreto, Mulegé, Los Cabos y La Paz, así como de representantes de las fuerzas armadas y dependencias de los tres niveles de gobierno y de las instituciones encargadas de la seguridad y de atención a emergencias, Jefe del Ejecutivo, enfatizó que la actual administración se encuentra preparada para prevenir y responder cualquier emergencia.

SGG 3 SESIÓN SIPINNAEn el marco de la tercera sesión ordinaria del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), se firmó el acuerdo de instalación de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes entre los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, a fin de implementar los cambios normativos en esta materia, en favor de los jóvenes, informó el secretario general de gobierno, Álvaro De la Peña Angulo, al encabezar en representación del gobernador del estado Carlos Mendoza, este acto. Por su parte el Coordinador de SIPINNA nacional, Daniel Ponce Vázquez, reconoció a Baja California Sur, como una de las pocas entidades del país en las que este Sistema ha sesionado en tres ocasiones y que tiene armonizada su ley con la Ley 5 de junio, que regula las medidas de seguridad en guarderías.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno del estado que encabeza Carlos Mendoza Davis tiene detectadas 117 zonas de riesgo y alto riesgo en la entidad, por lo que se instalaran 137 refugios temporales, de los cuales, 28 corresponden al municipio de La Paz, 50 en Los Cabos, 28 en Comondú, nueve en Loreto y 22 en Mulegé, con una capacidad de alojamiento para más de 25 mil personas. En el marco de la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, Mendoza Davis señaló que en su administración, se trabaja en coordinación con las instituciones para garantizar la seguridad e integridad de las familias, ante los embates de cualquier fenómeno natural”. Al acto de instalación del Consejo acudieron representante del Sistema Nacional de Protección Civil, Víctor Alonso Aznar, de las y los alcaldes de Loreto, Mulegé, Los Cabos y La Paz, así como de representantes de las fuerzas armadas y dependencias de los tres niveles de gobierno y de las instituciones encargadas de la seguridad y de atención a emergencias, Jefe del Ejecutivo, enfatizó que la actual administración se encuentra preparada para prevenir y responder cualquier emergencia.

 

En el marco de la tercera sesión ordinaria del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), se firmó el acuerdo de instalación de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes entre los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, a fin de implementar los cambios normativos en esta materia, en favor de los jóvenes, informó el secretario general de gobierno, Álvaro De la Peña Angulo, al encabezar en representación del gobernador del estado Carlos Mendoza, este acto. Por su parte el Coordinador de SIPINNA nacional, Daniel Ponce Vázquez, reconoció a Baja California Sur, como una de las pocas entidades del país en las que este Sistema ha sesionado en tres ocasiones y que tiene armonizada su ley con la Ley 5 de junio, que regula las medidas de seguridad en guarderías.

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