Después del sismo viene la tormenta para el Colegio Rébsamen

Después del sismo viene la tormenta para el Colegio Rébsamen

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El gobierno debe empezar las investigaciones para aclarar si el Colegio Enrique Rébsamen operaba con irregularidades, al tiempo que construye una Norma Oficial Mexicana (NOM) que establezca los criterios para la construcción y operación de escuelas de enseñanza.

La historia del Colegio Enrique Rébsamen está próxima a empezar otro capítulo después del terremoto infanticida que el martes se cobró la vida de 32 niños y cinco adultos con el colapso de dos de sus edificios. La institución enfrentará pronto una lluvia de demandas por daños y perjuicios, investigaciones a sus permisos de operación que terminarán salpicando a las autoridades que entregaron esas licencias e incluso, el resultado final equivaldría a una pena de prisión para sus dueños por el delito homicidio imprudencial.

Lo ocurrido en el Colegio Rébsamen es la historia más emblemática del terremoto de 7.1 grados escala Richter que el martes devastó el centro de México, llevándose hasta hoy la vida de 318 personas. Es el ejemplo de la espontánea solidaridad de los mexicanos de organizarse y ayudarse entre sí en momentos de tragedia mientras los políticos titubean con su apoyo y cuando las grandes cadenas de televisión, ridiculizadas, quitan su atención porque no hallaron más historia para contar desde allí. Pero se presume sobre todo que son la corrupción y/o la omisión las razones de fondo que provocaron la muerte de tantos menores en este colegio privado como en ninguna otra escuela pública aquel martes maldito.

Ahora está en manos de los padres afectados por la muerte de sus hijos exigir a las autoridades el inicio de una investigación pericial que defina si la fuerza del sismo fue lo que derribó el colegio o alguna posible irregularidad que permitía a esta escuela operar con la licencia de registro SEP 84281 desde la década de los años 80 y que según el Sistema Nacional de Información de Escuelas (SNIE), atendía a 130 alumnos en secundaría, 185 en primaria y 32 en preescolar, más una treintena de profesores en 25 salones de clase.

Al gobierno local, el de la delegación Tlalpan, tocará esclarecer qué tan ciertas son las versiones que desde la semana pasada apuntan a que las construcciones derrumbadas fueron las oficinas y casa-habitación de la dueña y directora del colegio, Mónica García Villegas; más no salones de clases, pero que sus piedras y varillas sí acabaron con la vida de muchos niños.

Cualquier explicación que entregue el gobierno delegacional, el de la ciudad y el federal, tendrá que estar bien fundamentada, si es que, al menos para la actual delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, no quiera ver derrumbadas sus esperanzas de gobernar la Ciudad de México en el 2018.

Para el gobierno federal queda trabar rápido en una Norma Oficial Mexicana (NOM) que finque los ordenamientos en cuanto construcción y manutención de colegios. México no cuenta con una normativa particular en la materia, pero naciones europeas y Estados y Canadá, sí.

“Está en los padres que para las autoridades y la directiva del colegio se quede así o se venga una tormenta después de este sismo”, define el abogado constitucionalista Mario Fernández, que ha sido asesor cuando las discusiones y aprobación de las reformas estructurales financiera y de telecomunicaciones, pero que a últimas fechas se ha dedicado a defender los derechos de los afectados por el sismo a través de la figura jurídica del Comité Ciudadano en Coyoacán.

“Todas las instituciones educativas tienen, de entrada, una responsabilidad administrativa con la SEP y una responsabilidad civil. Toda persona que contrata un servicio de educación puede demandar por daños y perjuicios, demandando una prestación errónea del servicio educativo y la escuela tendrá que argumentar que cumplió con las normas de protección civil”, dice el también panelista en el Canal Judicial.

Mario Fernández, con vínculos en la Universidad de Harvard, sostiene que desde el año 2014 existen ordenamientos legales que obligan a las empresas inmobiliarias de vivienda y de otro tipo de edificios, como los escolares, a ofrecer un seguro de responsabilidad, pero dado que el Colegio Rébsamen opera desde los años de 1980, difícilmente habría cumplido con este mandato.

“Pero lo que se estila, es que el Colegio contara con un seguro de vida y se lo ofreciera a los alumnos, a los padres, que no es obligatorio, pero de tal manera que si un niño hubiera fallecido, hubiera estado en la colegiatura ese seguro y en forma de póliza colectiva y todavía pudiera haber más”.

De acuerdo con el abogado, los padres afectados deben investigar bajo qué tipo de figura legal está construida la operación del Colegio Enrique Rébsamen, es decir, para de allí partir y exigir a las autoridades un esclarecimiento de por qué la estructura de esa escuela, cuyos recursos de manutención se originaban de las colegiaturas de los alumnos, se vino abajo.

“Deben verificar cómo está constituida la escuela; si es una sociedad civil o una persona física con registro de validez oficial en la SEP y todas las demás características. Quién en la SEP dio la autorización; quién fue y revisó (la estructura de la construcción)”, recomienda el abogado Mario Fernández. “Hay que verificar las licencias y revisar las actas periódicas de revisión y si no las hay, los padres están en su derecho de demandar a la escuela por daños y perjuicios, porque la escuela estaría cayendo en un ilícito, aunque no haya una NOM”.

En plataformas de software como Google Earth y en registros fotográficos es posible advertir el tipo de construcción del Colegio Rébsamen; sus ruinas podrían evidenciar aún si durante su operación había irregularidades. Aunque será “difícil y complejo” determinar con peritos el estado de la escuela previo al terremoto, el abogado cree que es posible con el conocimiento y tecnología que el gobierno y empresas especializadas cuentan para estos casos.

Los padres igualmente pueden echar mano de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que un caso de un accidente ocurrido en un hotel por el mal estado de unas escaleras y que afectó el estado de salud de un trabajador, el supremo tribunal fincó entonces un precedente ordenando a la empresa a pagar a esa persona por daños punitivos y el caso del Colegio Rébsamen es muy parecido a aquél.

“Tiene que haber un avalúo pericial arduo. Se tiene que conocer si los muros y edificios se construyeron con materiales no autorizados y aunque será complicado, sí es posible hacer ese análisis”.

Mario Fernández argumenta que la investigación podría derivar en que se ordene a los dueños del colegio, en caso de ser una asociación civil, a disolver la sociedad y nunca más ofrecer servicios educativos, en tanto que los familiares de las víctimas, aún con la sensibilidad del hecho, estarían en el derecho de exigir una indemnización económica de cuando menos 450,000 pesos por el fallecimiento de sus seres queridos.

“Y una valoración del juez podría establecer causas de homicidio imprudencial. El hecho de que no se cumplieron las normas de construcción, aunque no exista una NOM, deriva en una responsabilidad civil administrativa, incluso en una pena y por eso me atrevo a decir que habría una pena de homicidio imprudencial. Esto apenas evidencia días de tormenta para mucha gente —colegio y gobiernos—. Pero si hubiéramos contado con una NOM, muy seguramente todas estas muertes se hubieran evitado o no hubiera ocurrido así”.

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