Inicio Medios y Remedios ¿No qué no?

¿No qué no?

98
0
Compartir

Antonio Ceja

Finalmente, y ante la decepción de sus detractores, el alcalde de La Paz Armando Martínez Vega finalmente obtuvo el fallo de las autoridades judiciales sobre la demanda en su contra del Grupo Girsa el cual demandaba un pago millonario por sus servicios al XV ayuntamiento alegando el gane de una supuesta licitación donde se le otorgaba la administración del alumbrado público de la ciudad de La Paz.

La decisión del órgano judicial, con este dictamen, da por terminado el pleito (de mala leche) que emprendió la entonces alcaldesa Esthela Ponce Beltrán y su suplente Francisco Monroy y donde la empresa Girsa formó parte de lo que fue una estafa por los antecedentes nacionales de la mencionada empresa. Girsa es una empresa cuyo capital contable se basa en el fraude; busca municipios cuyas administraciones están a punto de concluir y, soborno de por medio, hace firmar al vapor a las autoridades salientes concesiones de manejo de la basura o alumbrado público. Estos acuerdos en lo oscurito generan, evidentemente, que se genere un pleito que genera, además de desgaste, dividendos a la empresa; en el caso de La Paz finalmente tuvo que salir con la cola entre las patas ante el fallo a favor del ayuntamiento que encabeza Armando Martínez Vega.

Y es que luego del desgaste mediático -razón de firmar estos acuerdos en lo oscurito- la administración de Martínez Vega sale triunfante ante la decepción de sus adversarios políticos quienes lo veían en la cárcel junto con el tesorero y su asesor jurídico al negarse a pagar los cuatro millones de pesos que reclamaba -por hacer nada- Grupo Girsa. Uno de los cómplices de Girsa y de Francisco Monroy fue Isidro Ibarra quien movió las aguas de este caso hasta llegar a exigirle al tesorero municipal “el pago inmediato” de los cuatro millones que reclamaba la empresa y que finalmente, fue motivo para removerlo del cargo por -falta de probidad- pese a que existía un recurso de apelación a la demanda en contra del ayuntamiento paceño.

La autoridad judicial determinó que el contrato firmado por Girsa y el XIV ayuntamiento era inválido porque no se terminó el proceso de licitación al no pasar por la aprobación de los diputados locales y ser publicado en el Diario Oficial estatal, último recurso de validez para cualquier asunto relacionado con leyes y concesiones; en pocas palabras, la licitación se “quedó atorada” en algún lugar, claro, de manera oportuna, con la única finalidad de hacerla de pleito ratero y sacar algún dinero por una compensación o el temor de las autoridades municipales de enfrentar un juicio llegando a un acuerdo lo que finalmente no ocurrió.

El caso, como lo escribimos en su momento https://realidadbcs.com/2017/05/02/isidro-el-desleal/ no era otra cosa que un acto de dejar en ruinas a la administración que encabeza Armando Martínez Vega complicándole la vida no solo a las autoridades sino a los ciudadanos.

Martínez Vega, vapuleado por los detractores políticos, finalmente se apuntó una victoria mediática junto con Santiago Leal, asesor jurídico del ayuntamiento, donde la razón se impuso dando por terminado este caso.

Al Aire

El gobernador Carlos Mendoza Davis se reunió con el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, en Palacio Nacional de la Ciudad de México. En elencuentro, Mendoza Davis planteó los compromisos que tiene la entidad para cerrar el ejercicio 2017 además de trabajar en un presupuesto equitativo y justo que consolide a la entidad en 2018 y permita continuar avanzando en materia de educación, salud, infraestructura urbana, así como los sectores productivos y que a su vez se garantice la seguridad de los ciudadanos. Señaló que los crecimientos financiero y demográfico que registra el Estado son superiores a la media nacional, por ello se requiere una planeación especial del gasto, al tiempo que ratificó su voluntad de sumar esfuerzos con la Federación para hacer un uso más eficiente del erario y con ello mejorar las condiciones de vida de la población y ofrecer las mismas oportunidades a todos los habitantes. “En Baja California Sur los recursos públicos se ejercen con plena disciplina, dando cumplimiento a las normas que regulan su ejercicio, con el único fin de tener la capacidad suficiente para satisfacer las necesidades y cumplirle a la ciudadanía”, añadió el jefe del Ejecutivo estatal.  Por su parte, el titular de la SHCP, José Antonio González, refrendó el compromiso del gobierno de la República de ir de la mano del Gobierno del Estado para establecer juntos más y mejores opciones de colaboración para fortalecer los programas que permitan a la entidad continuar con programas y acciones que se reflejen en un mejor bienestar de las familias sudcalifornianas.

“Tenemos el firme compromiso de lograr que la familia permanezca unida, por lo que trabajamos de forma permanente con acciones que impulsen su fortalecimiento, pues en ella radica el mejor futuro que todos merecemos”, dijo la directora general del Sistema Estatal DIF, Dora Luz Salazar Sánchez, durante la jornada de limpieza que se llevó cabo en el parque de la colonia INFONAVIT, como parte del programa de rescate de espacios públicos del programa Vivir en Paz del gobierno del Estado y donde participaron la unidad de proximidad social de la policía estatal, el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres y el programa Visión familia del SEDIF. La directora general, enfatizó que la recuperación de espacios públicos es una medida fundamental para asegurar la convivencia familiar y el sano desarrollo de los niños y jóvenes en la que tanto el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis y la presidenta del SEDIF, Gabriela Velázquez de Mendoza, han mantenido un especial interés en realizar estas acciones pues es forma parte de una estrategia que nos involucra a todos los ciudadanos en el propósito de lograr un bienestar social. Informó también, que aunado a esto a través de la procuraduría de protección del Niñas, Niños y Adolescentes se llevó a cabo la semana del buen trato, la cual en esta ocasión se enfocó hacia el camino de la información y de la prevención sobre el uso adecuado de las redes sociales, ya que con ello se podrá cuidar, acompañar y proteger con la claridad sobre los riesgos  y peligros que existen entre el mundo real y el virtual, de tal manera que se provea de elementos de seguridad y protección ante algunas señales que puedan afectar su integridad física, emocional y social.

Como parte de las diez acciones que se implementan para la consolidación del sistema de justicia penal a nivel nacional, Baja California Sur presenta avances significativos en esta materia, informó el secretario general de gobierno, Álvaro De la Peña Angulo. De la Peña Angulo señaló que, entre los avances destaca la profesionalización constante que se imparte al personal y usuarios de este sistema, siendo capacitados en lo que va del año un total de mil 146 personas, principalmente operadores, jueces, ministerios públicos, policía procesal y defensoría pública, a fin de contar con servidores profesionales en beneficio de la ciudadanía. “Le estamos apostando al recurso más importante que es sin duda alguna, el humano, ya que son, quienes atienden de primera mano al ciudadano que fue víctima de algún delito, por ello, se invierte en su profesionalización, para tener un sistema de justicia penal de calidad y acorde a las necesidades que demanda la sociedad”, expresó el Secretario General de Gobierno.  Asimismo, se fortalecieron áreas vitales para el buen funcionamiento del sistema, como lo son la Unidad de Medidas Cautelares, la Policía Procesal, la figura de asesores jurídicos de víctimas y el diseño de indicadores que evalúen la operatividad de las instituciones. “Vamos por un sistema de justicia penal sólido, apegado a la realidad, para que la impartición de justicia sea un hecho, al tiempo de brindar certeza jurídica tanto a la víctima como a quienes intervienen en el proceso penal”, puntualizó Álvaro De la Peña.

 

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here