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    Académicos de Harvard y el MIT demandaron al IPN

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    • La demanda por violación a la ley de derechos de autor ya se presentó ante las autoridades judiciales mexicanas y se demanda el pago de más de 14.5 millones de pesos.

    Mario Alberto Rodríguez Casas, director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN); Luis Alfonso Villa Vargas, director de Extensión e Integración Social; y Héctor Leoncio Martínez Castuera, secretario General del IPN, fueron demandados en el distrito de Cambridge en Estados Unidos por violación a derechos de autor, plagio y robo de propiedad intelectual.

    Así lo dio a conocer Israel Reyes Gómez, quien pertenece a un equipo multidisciplinario de profesores y especialistas de la Universidad de Harvard y del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

    Destacó que la demanda se basa en que el IPN en conjunto con académicos de las universidades norteamericanas en las que colabora, brindaron un servicio al Instituto Nacional Electoral (INE), sus aportaciones fueron utilizadas sin autorización y no recibieron los pagos acordados.

    La demanda se sumará a la que ya cuenta en México por incumplimiento de contrato.

    Reyes Gómez señaló que fueron contratados por el IPN en común acuerdo con el INE con el objeto de contribuir a garantizar la continuidad de las operaciones del proceso electoral mediante el diseño de estrategias de atención a riesgos y crisis.

    Luego de reuniones desde el mes de noviembre del 2017 al mes de febrero del 2018 para trazar una programación y que ésta se desarrollará, Rodríguez Casas en calidad de director general del IPN decidió concluir de manera abrupta, unilateral y arbitraria con el contrato.

    Pues indicó que el tiempo no era el suficiente para cumplir adecuadamente los términos que estaban señalados en el convenio que el mismo signó. Sin embargo, el IPN ya había recibido distintos trabajos desarrollados por los especialistas, los cuáles a su vez fueron entregados al organismo electoral.

    En entrevista con Ciro Gómez Leyva, precisó que la demanda ya se presentó ante las autoridades judiciales mexicanas y se demanda el pago de más de 14.5 millones de pesos aunque el total del contrato era de 58 millones de pesos.

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