Ante la imposibilidad de pagarla, españoles deciden apagar la luz

En pleno invierno, cuando las temperaturas nocturnas suelen estar por debajo de los cero grados en más de la mitad del país, la solución que han encontrado centenares de miles de ciudadanos asfixiados por el desorbitado precio de la electricidad es hacer acopio de velas, linternas de pila, estufas de gas y colchas. Es la única forma de resistir ante el costo de la luz, que sólo en esta semana registró tres máximos históricos consecutivos y por encima de los 300 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone un incremento de más de 460 por ciento en menos de un año y que ha convertido a 2021 en el año más caro de la historia para las familias en gasto eléctrico y en particular a este mes en el más costoso de todos los tiempos.

En las llamadas “colas del hambre”, es decir, esas largas filas de personas hambrientas y desesperadas que se forman en barrios, colonias y municipios del país para recibir comida y enseres de los bancos de alimentos se entiende mejor el sufrimiento que está provocando el precio disparado de la luz. Esos bancos de alimentos se nutren sobre todo de donaciones de ciudadanos a las puertas de los supermercados, que hasta ahora se centraban sobre todo en arroz, legumbres, pañales, leche o jabón y últimamente, desde que se descontroló el precio del servicio eléctrico, también demanda velas, linternas y colchas para afrontar los largos días y noches de frío invernal.

En el barrio de Tetuán, a un costado del mercado municipal, una madre de dos hijos de seis y nueve años de edad que responde al nombre de Aurora, de 32 años, lleva más de media hora esperando ser atendida. Con paciencia aguarda a que avance la cola mientras sus hijos están en la escuela y su marido, un joven que trabaja en la construcción, salió muy temprano a la obra. “En mi casa ya no nos podemos permitir el lujo de encender la calefacción ni cocinar con el horno ni poner la lavadora en hora punta. Estamos al límite y tenemos miedo de que de un día para otro nos corten la luz”, explicó a La Jornada mientras esperaba paciente su turno.

Cuando finalmente llegó al mostrador y una joven, muy sonriente, le ofreció las bolsas con comida, productos higiénicos y de primera necesidad, Aurora preguntó un tanto nerviosa: “¿No tendrá también mantas (colchas) o linternas?” Y la respuesta de la voluntaria del banco de alimentos fue inmediata: “No, lo siento mucho, se nos han agotado, pero vamos a traer más la próxima semana o en estos días”.

Aurora y su familia cambiaron sus hábitos de vida desde que el precio de la electricidad se disparó casi 500 por ciento en menos de un año, así como el costo del gas, de la gasolina, de la vida misma, a raíz de los altos porcentajes de inflación también derivados del incremento del precio de la energía. Ahora, ella, su marido y sus dos hijos utilizan de forma habitual las velas para iluminar su casa por la noche, las estufas de gas para calentar o cocinar sin utilizar demasiado la electricidad y para las gélidas noches de invierno en las que la temperatura baja de cero grados han ido acumulando colchas para cubrirse.

“Muchos días nos acostamos cada uno en su cuarto y al final acabamos todos juntos en una misma cama, sobre todo cuando el frío aprieta más”, explicó Aurora, que trabaja a tiempo parcial en una empresa de limpieza.

Una de las principales organizaciones que distribuyen los llamados alimentos solidarios es la Fundación Madrina, cuyo presidente, Conrado Giménez, reconoció que, a diferencia de otros años y otras épocas, ahora hay mucha más demanda de colchas o linternas. “Parecía algo imposible pero la pobreza energética que se está padeciendo en las casas es terrible y ahora que el recibo de la luz ha cruzado la frontera de lo imaginable, es imposible que la gente más humilde pueda pagarlo”, reconoció, al advertir además que se trata de una crisis estructural a la que también se suma la inflación acumulada y el incremento de más del 6 por ciento de la cesta de la compra (similar a la canasta básica) en menos de un año.

Loeny Suero es una mujer de 72 años que emigró hace más de cuatro décadas de República Dominicana y que vive de su pensión. También está en la “cola del hambre”, a la que acude desde hace sólo unos meses a pesar de que nunca lo pensó. Pero –reconoció– “cuando me llegó el recibo de la luz casi me da un infarto. Es el más caro que he pagado, cuando normalmente pagaba 35 euros, como mucho 40, ahora me están pidiendo 78 euros. Un escándalo y nadie hace nada”, afirmó antes de pedir a la joven voluntaria un paquete de velas, además de su bolsita de comida y productos de limpieza. “Si tengo una pensión de 400 euros y debo pagar casi 80 de luz, ya me dirás cómo hago para comer, vestir y vivir el resto del mes. Sencillamente, es imposible”, explicó.

El presidente de la Fundación Madrina advierte que el panorama es más que preocupante ante los precios de la energía, la vivienda, las rentas, la cesta de la compra y el transporte. “Las familias vulnerables en las ciudades están atrapadas en una burbuja inmobiliaria y de deuda que podría explotar en breve. Las situaciones familiares son cada vez más de extrema pobreza y, hay que decirlo, la gente está pasando frío y por las noches se está alumbrando con linternas, como en los peores años de la posguerra”.

Fracaso del modelo eléctrico español

El descontrol de los precios, la vulnerabilidad de la ciudadanía ante un sector que funciona como un “oligopolio” y la marginación del Estado en un área vital de cualquier país han provocado que muchos analistas expertos hayan llegado a la conclusión de que “el modelo eléctrico español es un fracaso sin paliativos”, como expone el economista Juan Laborda. Y que se empiece a mirar de otra manera una propuesta, incipiente aún, pero que está en la agenda del actual Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, de impulsar una empresa pública eléctrica que amortigüe o neutralice el afán especulativo y avaricioso de ese “oligopolio”, integrado actualmente sobre todo por cinco grandes corporaciones, la mayoría de capital extranjero, como son Endesa, Iberdrola, Repsol, Naturgy y EDP.

El modelo eléctrico español ha tenido una transformación paulatina, pero inexorable hacia una liberación total, en consonancia con la doctrina neoliberal que estuvo en boga hasta hace poco. El proceso se inició de forma incipiente en la década de los 80 del siglo pasado, con el gobierno del socialista Felipe González, que fue cuando se inició el proceso de privatización de las grandes empresas públicas eléctricas, sobre todo de Endesa, pero en la que el Estado todavía mantenía una fuerte presencia.

El primer gran saldo hacia la privatización se dio en abril de 1988, cuando el gobierno español sacó al sector privado el 20.35 por ciento de las acciones de la empresa pública, aunque se estableció que ese porcentaje podría llegar como máximo a 25 por ciento. El resto lo mantendría el Estado, con lo que el sector eléctrico todavía estaba bajo su control y amparo. En 1994 se dio un nuevo salto hacia la privatización, todavía bajo el mando de González, cuando se volvió a sacar a bolsa 8.7 por ciento de las acciones, con lo que el Estado redujo su participación en la empresa pública a 66.9 por ciento.

Pero sin duda el salto definitivo a la liberalización del sector fue bajo el gobierno del derechista José María Aznar, que decidió en 1997, tan sólo dos años después de asumir el poder, que el Estado se iba a deshacer de 35 por ciento de las acciones de la empresa pública, con lo que las acciones de Endesa ya fueron mayoritariamente privadas. Apenas un año después, Aznar sacó a la venta otro 30 por ciento de acciones y sólo dejó 5 por ciento para el Estado, con lo que se consumó definitivamente la privatización de un sector vital como el eléctrico y se redujo a la mínima expresión la presencia del Estado en su accionariado. Algo que no han hecho otros países del entorno europeo, como Francia, Italia o Alemania, donde el Estado mantiene una fuerte presencia en el sector precisamente para no dejar en manos privadas –en el caso español, además de privadas, extranjeras– un sector tan estratégico y vital como éste.

Y fue precisamente el proceso de privatización y las presiones del “oligopolio”, lo que también provocó que se reformulara la Ley del Sector Eléctrico, en relación con la fijación de los precios, en parte para cumplir con las exigencias de la Unión Europea (UE) para la integración monetaria en el euro, pero también para satisfacer los reclamos del sector para obtener más beneficios a costa del consumidor. Entonces se defendió la reforma porque supuestamente tenía “el objetivo de minimizar el costo de la energía para todo tipo de usuarios, asegurar el suministro y mejorar el aire que respiramos”. Hoy, el precio de la electricidad en el Estado español es el más elevado de la UE, y la propiedad pública sólo genera 5 por ciento de la energía eléctrica producida en el país.

El gobierno, desesperado

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, que se comprometió hace sólo unos meses a que el precio de la electricidad para las familias este año no sería superior al de 2018 (el más caro de la historia), decidió acudir en ayuda de la UE para atajar esta crisis histórica. Sus medidas, sobre todo bonificaciones fiscales y reducciones del IVA, han paliado parcialmente el drama, pero la gravedad de la situación social va en aumento y la llamada “pobreza energética” ha alcanzado cotas inimaginables. Y que actualmente ya va mucho más allá del cambio de hábitos a la hora de poner la lavadora, el lavavajillas y el horno; ahora, según denuncian los voceros de las asociaciones de consumidores y de los bancos de alimentos, “la gente sencillamente está pasando frío y hambre”.

Y mientras tanto, esta semana se registraron hasta tres récords históricos del precio de la luz, el último de 309 euros el MWh, todos los indicadores y los estudios prospectivos advierten que esta espiral de precios descontrolados, en gran parte provocados por las grandes operadoras de la energía, como Iberdrola, Repsol o Naturgy, se mantendrá al menos a lo largo de 2022. Y las previsiones más pesimistas alertan de que la situación no se estabilizará hasta 2024. El peor panorama para los 2 millones de hogares en España, que sufren a diario las penurias térmicas mientras claman por ayudas públicas eficientes y hasta un gesto de humanidad, que nunca llega, a las grandes corporaciones eléctricas.