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Avanza el juicio en Londres por el oro venezolano: el Gobierno británico reiteró su apoyo a Guaidó

  • Los abogados de Maduro y Guaidó expusieron sus argumentos en la segunda jornada de un proceso ante el Tribunal Supremo británico para que se dictamine a quién se considera como gobernante a todos los efectos en Venezuela.

Los abogados del régimen de Nicolás Maduro y de la administración del opositor Juan Guaidó defendieron este martes su respectiva autoridad sobre el oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra, en un caso que sienta precedente en el Reino Unido.

Nick Vineall, por parte de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Maduro, y Andrew Fulton, representante de la junta paralela dispuesta por Guaidó, expusieron sus argumentos en la segunda jornada de un proceso ante el Tribunal Supremo británico, máxima instancia judicial del país.

El Supremo, que analiza un recurso elevado por la parte de Guaidó contra un fallo anterior desfavorable, debe dictaminar, en una fecha por precisar, a quién considera realmente el Ejecutivo británico como gobernante a todos los efectos en Venezuela -cuya junta del BCV tendría en principio potestad sobre el oro-.

Si finalmente concluye, en base a la jurisprudencia inglesa –y no solo a lo que diga el Ejecutivo de Londres-, que el líder es Guaidó, los cinco jueces tendrán entonces que decidir si dan por buenos sus

En la jornada de hoy intervino James Eadie, asesor jurídico del Ministerio de Exteriores británico, que confirmó la posición “clara y sin ambigüedades” adelantada el lunes de que su Gobierno reconoce solo a Guaidó, y no a Maduro, como jefe del Estado de Venezuela y sus competencias para actuar como tal.

En contra de lo que pide el bando de Maduro, Eadie instó a la corte a aceptar esta posición en base a la llamada doctrina de “una sola voz” -que conmina a los poderes del Estado a actuar unificados en política exterior- sin entrar a “examinar el contexto” de quién ostenta realmente el control de las instituciones en Venezuela.

Del mismo modo, considera que el tribunal no debe tener en cuenta el hecho de que la Justicia venezolana no reconoce ni el estatus de Guaidó ni sus nombramientos políticos, que han sido anulados.

Fulton, por parte del dirigente opositor, coincidió en que la doctrina inglesa de Actos de un Estado foráneo obliga a la corte a dar por “válidos efectivos”, al margen de que “sean o no legales”, los nombramientos de Guaidó en suelo venezolano, dado que ha sido reconocido jefe del Estado por el Gobierno británico.

Maduro desafía al Gobierno británico

Por su parte, Nick Vineall, por la junta del BCV de Maduro, cuestiona el “estatus constitucional” en este litigio de Guaidó, que en enero cesó como presidente de la Asamblea Nacional venezolana al no presentarse a las elecciones de 2020 en su país.

El letrado argumentó que, si bien el Gobierno británico le ha reconocido como jefe de Estado, no lo ha hecho como jefe de Gobierno debido a que el opositor “no tiene ningún tipo de control” dentro de Venezuela, por lo que no sería aconsejable dejarlo a cargo de las reservas de oro, valoradas en casi 2.000 millones de dólares.

Como ejemplo de que -a su juicio- el reconocimiento de Londres es confuso, Vineall señaló que el Gobierno británico se negó a conceder credenciales diplomáticas a Vanessa Neumann, la ex embajadora de Juan Guaidó en Londres, mientras que mantiene los lazos con los representantes de Maduro.

Eadie, el abogado del Foreign Office, arguyó no obstante que no es relevante o significativo que el Ejecutivo continúe la relación “en esferas limitadas” con la Administración chavista.

El abogado de la junta de Maduro avisó de que entregarle el oro a Guaidó solo porque el Gobierno de Londres, por sus propias motivaciones geopolíticas, le haya reconocido como líder de Venezuela podría dañar la reputación del Banco de Inglaterra y del Reino Unido como custodio de activos extranjeros.

Vineall incidió en que si la junta “ad hoc” del dirigente opositor recibe los activos, dado que no existe como organismo sobre el terreno, sus transacciones no serán auditadas debidamente ni habrá garantías de que redunden en beneficio de los ciudadanos.

(Por Judith Mora – EFE)

 

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