Crece la presión internacional sobre el régimen militar de Myanmar a un año del golpe de Estado

  • La ONU anunció que investiga “crímenes contra la humanidad” en el país del sudeste asiático, mientras que Estados Unidos sancionó a altos funcionarios. La Unión Europea, en tanto, pidió mayor cooperación para aplicar el embargo de armas.

A un año del golpe de Estado, crece la presión internacional sobre el régimen militar de Myanmar. Con motivo del primer aniversario, la ONU informó este lunes que investiga denuncias de crímenes de lesa humanidad en ese país. Asimismo, Estados Unidos sancionó a altos funcionarios del régimen, mientras que la Unión Europea (UE) pidió más acción de la comunidad internacional para aplicar el embargo de armas.

El jefe de un grupo de investigadores de la ONU dijo este lunes que más de 1.000 personas pueden haber sido asesinadas en Myanmar desde el golpe de Estado de hace un año, en hechos que califican como crímenes contra la humanidad o de guerra.

“Trágicamente, los informes recibidos durante el último año sugieren que más de 1.000 personas han sido asesinadas en circunstancias que pueden calificarse como crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra”, señaló en un comunicado Nicholas Koumjian, jefe del Mecanismo de Investigación Independiente de las Naciones Unidas para Myanmar.

El 1 de febrero de 2021, el ejército birmano derrocó a la líder civil Aung San Suu Kyi y puso fin a una década de transición democrática con una sangrienta represión.

“Las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de civiles en circunstancias que implican acusaciones creíbles de detención arbitraria, tortura, violencia sexual e incluso asesinato bajo custodia”, añadió el jefe del Mecanismo de Investigación Independiente.

Este mecanismo, creado por el Consejo de derechos humanos de la ONU en 2018, ha sido “capaz de reunir un gran número de documentos relevantes sobre estos hechos y estamos añadiendo información y pruebas a nuestros archivos casi a diario”.

El instrumento tiene el mandato de recopilar pruebas que muestran que se cometieron los peores crímenes internacionales en Myanmar y que se violó el derecho internacional. El objetivo es poder construir un caso que facilite los procedimientos penales.

“Los que planean cometer crímenes deben saber que los delitos internacionales graves no prescriben”, dijo Koumjian.

“La justicia internacional tiene una memoria muy larga y algún día los autores de los crímenes internacionales más graves cometidos en Myanmar tendrán que rendir cuentas”, advirtió, y recordó que los investigadores de la ONU están siguiendo los acontecimientos “muy de cerca”.

Estados Unidos, por su parte, impuso este lunes sanciones financieras a siete personas y dos entidades “vinculadas con el régimen militar de Myanmar”.

Las sanciones se adoptaron en coordinación con el Reino Unido y Canadá y afectan a los principales funcionarios judiciales del país: el fiscal general Thida Oo, el presidente de la Corte Suprema Tun Tun Oo y el jefe de la comisión anticorrupción Tin Oo, según un comunicado del Tesoro estadounidense.

La Fiscalía General, dirigida por Thida Oo, “redactó cargos de inculpación motivados políticamente por el régimen” contra Aung San Suu Kyi, el ex presidente de la República Win Myint y otros líderes prodemocracia, según el Tesoro.

La Corte Suprema está acusada de haber estado “implicada en los procesamientos del régimen” contra Aung San Suu Kyi y otros líderes.

Finalmente, la comisión anticorrupción “presentó falsos cargos de corrupción” contra la ex líder birmana y otros funcionarios del gobierno civil para que ellos y la Liga Nacional por la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, no puedan ejercer como formación política.

“Un año después del golpe de Estado, Estados Unidos, junto con el Reino Unido y Canadá, están al lado del pueblo de Myanmar que quiere libertad y democracia”, afirmó el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Brian Nelson, citado en el comunicado.

“Seguiremos apuntando a los responsables del golpe de Estado y la violencia actual, los cómplices de la brutal represión del régimen y sus patrocinadores financieros”, agregó.

La Unión Europea, en tanto, reclamó hoy “mayor acción internacional” en línea con el embargo de armas que ya aplica la UE a Myanmar en vista de la escalada de violencia en ese país del sureste asiático.

“Desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021, la UE ha impuesto sanciones específicas al ejército de Myanmar, sus líderes y entidades”, recordó el alto representante comunitario para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una declaración en nombre de los Veintisiete.

Pero, “en ausencia de un avance rápido de la situación en Myanmar, la UE está dispuesta a adoptar nuevas medidas restrictivas contra los responsables de socavar la democracia y las graves violaciones de derechos humanos”, indicó.

Borrell dejó claro que, desde el golpe militar que el 1 de febrero de 2021 derrocó por la fuerza al gobierno civil, la UE ha apoyado “inequívocamente” al pueblo birmano y “continúa luchando por el retorno a la democracia”.

El jefe de la diplomacia comunitaria expresó la “profunda preocupación” de la UE “por la continua escalada de violencia y la evolución hacia un conflicto prolongado con implicaciones regionales”.

Según dijo, a raíz del golpe gran parte de la población se encuentra en una situación de alta precariedad, experimentando pobreza, escasez de alimentos, desplazamiento y violencia.

Más de 1.500 personas han sido asesinadas, más de 8.600 están actualmente detenidas y hay 80 personas condenadas a muerte, mientras que se han contabilizado más de 400.000 nuevos desplazados desde que los militares tomaron el poder, lo que se suma a casi un millón de refugiados de Myanmar en los países vecinos, resumió.

Así, recalcó que la UE “condena en los términos más enérgicos las continuas y graves violaciones de los derechos humanos”, incluidas la tortura, la violencia sexual y de género, la continua persecución de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, los ataques contra la población civil, incluidas las minorías étnicas y religiosas, por parte de las fuerzas armadas de Myanmar.

La UE pidió la “plena rendición de cuentas” de los líderes responsables del golpe, así como de los perpetradores de la violencia y las violaciones de los derechos humanos, y reiteró su demanda de que se libere “inmediatamente y sin condiciones” a todos los presos detenidos arbitrariamente y la vuelta al poder de los líderes elegidos democráticamente.

Como cuestión prioritaria, la UE instó al cese inmediato de todas las hostilidades, el fin del uso desproporcionado de la fuerza y al estado de excepción, y solicitó a las autoridades militares que garanticen el acceso de la ayuda humanitaria de forma rápida, segura y sin trabas a todas las personas desplazadas y necesitadas, en todas las partes del país.

Por último, manifestó su “firme apoyo” a los esfuerzos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para encontrar una solución pacífica a la crisis.

Un año después del derrocamiento del gobierno civil, las zonas controladas por los rebeldes aumentan, empujando al ejército a intensificar la represión.

La violencia provocó el desplazamiento de decenas de miles de personas. Además, casi 1.500 civiles han sido asesinados y casi 12.000 detenidos, según una ONG local, que ha documentado casos de violaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Recientemente se ha atribuido a los militares varias masacres de aldeanos.

Aung San Suu Kyi, de 76 años, está detenida desde el golpe de Estado que puso fin a una década de transición democrática. La premio Nobel de la Paz acaba de ser inculpada. Le acusan de haber presionado a la comisión electoral durante las elecciones legislativas de 2020 que ganó la LND.

Ya fue condenada a seis años de prisión y se expone a décadas de cárcel al final del juicio.

Un año después del derrocamiento del gobierno civil, la rebelión se multiplica y la junta militar aumenta la represión, obligando a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares.

(Con información de AFP y EFE)