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Denuncian al alcalde de La Paz Rubén Muñoz por presunto abuso de autoridad

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+ Amenazó con mandar demoler una obra en construcción que está debidamente autorizada
+Colocaron “sellos de clausura” a pesar de que la Dirección de Licencias del H. Ayuntamiento de La Paz otorgó licencia de construcción
+Juez Federal otorga suspensión definitiva de la clausura a la obra de construcción
+ En vehículos oficiales, policías se llevaron material de construcción por casi 200 mil pesos.
La Paz, Baja California Sur.-  Una denuncia penal por el presunto delito de abuso de autoridad fue interpuesta el pasado 4 de marzo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra el presidente municipal de La Paz, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, cinco funcionarios públicos de su administración y quien o quienes resulten responsables de los hechos.
La querella presentada por el empresario Alejandro Manuel García del Camino Ruiloba, revela que alcalde amenazó con mandar demoler una obra en construcción “si los dueños del proyecto no hablaban antes con él”.
El denunciante es apoderado legal del grupo COMERDESA, propietaria del inmueble ubicado en Calle California entre Calles Reforma y Guaycura, en el Fraccionamiento Benito Juárez, con clave catastral 101-004-423-001, del plano oficial de esta ciudad capital, con una superficie de 486.20 metros cuadrados. En ese lugar,  actualmente se construye un edificio de departamentos, autorizados por el Ayuntamiento de La Paz bajo licencia de construcción con número 2744/18, la cual tiene vigencia hasta el 21 de noviembre de 2019 y ampara la construcción de una superficie total de construcción de 922.99 metros cuadrados.
Los antecedentes del referido abuso de autoridad en que incurrió el edil paceño, iniciaron el jueves 10 de enero, cuando supuestos inspectores de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología llegaron a clausurar la construcción, sin que mediase orden escrita ni procedimiento administrativo alguno, por lo que al cuestionar dicha medida, el inspector se concretó a señalar que él sólo obedecía órdenes del Presidente Municipal. Ante dicha situación, la Justicia Federal concedió la suspensión provisional del acto reclamado mediante acuerdo de fecha 23 de enero de 2019 y la suspensión definitiva por acuerdo de fecha 30 de enero del año en curso, con el número 053/2019 del índice del Juzgado de Distrito en el estado de Baja California Sur.
Así, durante la tramitación del juicio de amparo detallado, el fin de semana comprendido del 10 al 13 de enero de 2019, el denunciante fue víctima del delito de robo, ya que fueron sustraídos materiales de construcción del predio que se estaba utilizando como depósito de materiales de construcción, entre los cuales se encuentra varilla de acero para construcción, con un valor aproximado de 200 mil pesos, sustraídos –según el dicho de algunos vecinos de la zona– por personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes llegaron en vehículos oficiales –patrullas– y uniformados, procediendo a cargar el referido material en vehículos oficiales tipo Pick-up –patrullas– y posteriormente se retiraron del lugar.
En el transcurso de la noche del miércoles 16 de enero, el predio donde se encuentra ubicada la obra de construcción materia del presente juicio fue vandalizado, ya que personas desconocidas se presentaron en el mismo y con pintura en aerosol cubrieron la lona impresa con los datos de la licencia de construcción otorgada al  grupo inversionista, presumiendo el denunciante que con esta acción intentan aparentar que no existe tal licencia.
Posteriormente, los hechos que pueden constituir la comisión de un delito en perjuicio de COMERDESA, por parte del alcalde Rubén Muñoz ocurrieron a las 7:00 horas del pasado 4 de febrero de 2019, en el domicilio antes mencionado en el Fraccionamiento Benito Juárez,  donde de manera autoritaria el edil le ordenó al velador del predio que se retirara del lugar, porque “llegaría maquinaria del Ayuntamiento a demoler toda la obra en construcción”.
El trabajador David Alejandro Dueñas le respondió que él no se podía retirar del lugar  y que sólo estaba haciendo su trabajo, por lo que nuevamente de manera prepotente el Presidente Municipal le ordenó que “le llamara a sus patrones y que les informara que él se encontraba en el lugar, que iría a caminar y que regresaría en una hora y que quería hablar con ellos, ya que lo que construyeran lo mandaría demoler, que mandaría maquinaria…”.
Minutos después, el denunciante se apersonó en la obra, acompañado del Arquitecto Alfredo Arturo Mendoza Custodio y esperó pacientemente a que regresara Rubén Muñoz, quien llegó minutos después y dijo que si continuábamos con la obra de construcción representaría para el Ayuntamiento un problema, ya que los vecinos de la zona estaban en desacuerdo con la construcción, argumentando una serie de circunstancias absolutamente fuera del marco legal.
Finalmente, se establece que de manera absurda y abusiva el Presidente Municipal Rubén Muñoz intentó realizar una ventajosa permuta de bienes inmuebles con el propietario del terreno, ofreciendo un terreno por el cual se tendría que pagar una exagerada cantidad de dinero, lo cual no fue aceptado, por resultar sumamente desventajosa para el empresario; soslayándose de lo anterior un abuso de autoridad por parte de alcalde de La Paz, ya que abusa de su investidura y autoridad que ostenta como Presidente Municipal, toda vez que no tiene facultades para exigir ni atemorizar a ningún ciudadano por el simple hecho de que se comprometió a resolver una problemática que supuestamente existe entre algunos vecinos del fraccionamiento Benito Juárez.
El artículo 274 del Código Penal vigente para el estado de Baja California Sur, establece cuales son los supuestos en que se deberá estar para que se configure el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, encontrándose al parecer, en la denuncia interpuesta, se encuentran todos los elementos del delito en cuestión; dicho artículo a la letra dice:
Artículo 274. Abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a cuatrocientos días, a  los servidores públicos que en perjuicio de particulares, en razón de sus funciones y con los medios o la autoridad que estas le otorguen, incurra en los siguientes abusos:
I. Ejerza violencia sobre una persona sin causa legítima, la vejare o la insultare;
II. Solicite indebidamente auxilio de la fuerza pública o emplearla para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial o cualquier otro uso ilegal de la fuerza pública;
III. Aprovechar el poder o autoridad del empleo, cargo o comisión que desempeñe, para satisfacer algún interés propio o ajeno; o
IV. Realizar, en ejercicio de sus funciones, actos que produzcan daño o alguna ventaja indebida a los interesados en un negocio o a cualquier otra persona.
Con todo lo anterior, al parecer se configura el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública y, en caso de ser así, esperemos que éste no sea un caso más que quede impune, se investigue y se actúe conforme a derecho. Estaremos informando lo que acontezca.

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