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¿Dónde está el Estado de Derecho?

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“Pero la bravuconada de tomar las oficinas de gobierno por parte de los líderes de ONAPPAFA y ANAPROMEX como medida de protesta contra el ejercicio oficial de control vehicular estriba, sin duda, en el aliento que les da nada menos que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Antonio Ceja

En entregas anteriores he comentado la facilidad con que se pueden cometer delitos de cualquier tipo sin que el (dizque) largo brazo de la Ley alcance a detener al o a los culpables de ilícitos cometidos como si se fuera a comprar tortillas; desde asaltar bancos o perpetrar un robo a un Oxxo, son solo algunos ejemplos de lo que ocurre en nuestro estado sin que exista sentimiento de culpa alguna por parte de los delincuentes quienes aprovechan la ausencia de la policía preventiva para cometer delitos.

Por si fuera poco, resulta que otros delincuentes de cuello blanco emanados de organizaciones autocalificadas como “protectoras del patrimonio familiar” como ANAPROMEX y ONAPPAFA quienes no conformes con alentar la ilegalidad y el fraude, ahora se dan el lujo de amenazar de medidas extremas como la toma de las alcaldías de La Paz y Los Cabos ante la propuesta de empadronar a todos los carros “chocolates” que, amparados con unas ilegales placas de esas organizaciones, circulan por todo el estado sin verificación alguna que garantice la seguridad de responder en caso de un accidente o delito.

Promover la anarquía alegando necesidades del pueblo poniendo en medio a este sector es, sin duda, una verdadera canallada y un llamado de alerta para las autoridades fiscales y municipales quienes, especialmente éstas últimas, tratan de regular a los carros sin registro y tener un padrón de control.

Pero la bravuconada de tomar las oficinas de gobierno por parte de los líderes de ONAPPAFA y ANAPROMEX como medida de protesta contra el ejercicio oficial de control vehicular estriba, sin duda, en el aliento que les da nada menos que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Su política de “abrazos, no balazos” y su sonsonete de que “el pueblo es sabio” motiva a los que encabezan movimientos ilegales a tomar armas en el asunto con la seguridad de que las fuerzas del orden no les harán nada como ya ha ocurrido en otras partes del país donde el mismo ejército es vilipendiado y humillado por un puñado de personas cobarde que no entienden de legalidad.

Las máximas del presidente de la república si duda serán los principales obstáculos que enfrentarán los alcaldes de La Paz y Los Cabos quienes tendrán que hacer su trabajo o alinearse a las filas de la ilegalidad solapando o tolerando que sigan comercializando y circulando carros sin papeles ni registro ya que, como gobiernos emanados de MORENA -igual que su presidente- verán limitadas sus facultades de meter en cintura a estos delincuentes que siguen engañando incautos y fomentando el comercio ilegal de automóviles.

Todavía peor es el caso de la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro quien lejos de meter orden en el caos del transporte privado, fomenta las actividades ilícitas de sus empleados para hacer una guerra sucia contra Uber misma que afecta enormemente la imagen turística de ese municipio y que es algo que la obtusa mujer se niega a entender y prefiere hacer oídos sordos.

Veremos pues, si ONAPPAFA y ANAPROMEX se salen con la suya y le echan más leña al fuego a la delincuencia que sigue suelta gracias a la apatía de las autoridades municipales.

Al Aire

La segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió analizar la controversia que el Gobierno de Baja California Sur interpuso a fin de que la entidad sea contemplada en el Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte del país, que emitió el Poder Ejecutivo Federal, y permitió disminuir los impuestos en varios estados del país. Al respecto, el gobernador del Estado Carlos Mendoza Davis explicó que dicha controversia tiene como finalidad beneficiar a la población de sudcalifornia, ya que, de proceder, se reduciría a la mitad (8 por ciento) el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en una tercera parte (33%). “Toda mi vida he pugnado porque los impuestos que se cobran a las familias bajen. El gobierno federal no nos trató con justicia, nos excluyeron indebidamente. Por eso recurrimos a la Corte. En principio no prosperó nuestra queja. Recurrimos con argumentos legales, pero, también económicos y sociales. Hoy avanzamos en esta lucha que iniciamos cuando alzamos la voz, al considerar injusto que a los sudcalifornianos se nos dejara fuera de este Decreto. Otros estados en igualdad de circunstancias geográficas fueron beneficiados con la baja de impuestos y sudcalifornia no”, explicó el mandatario. Recordó que en la Administración del presidente Lázaro Cárdenas – mediante decreto oficial- se consideró a Baja California Sur como zona fronteriza, por lo que, de manera ininterrumpida hasta el 2013, los sudcalifornianos pagamos impuestos a la par que otros estados que comprenden esa categoría. Mendoza Davis dijo que, desde el inicio de la administración estatal, una las prioridades ha sido el impulsar acciones y políticas públicas que beneficien a las familias sudcalifornianas y con ello sentar las bases de un mejor futuro para nuestra gente. “Como senador de la República me opuse a que se incrementara el IVA, como gobernador recurro a la Corte, en uso de las facultades que me otorga la Constitución, para pedir un trato justo. No queremos pagar más impuestos en Baja California Sur, afecta las finanzas familiares y nuestra competitividad”, agregó. Asimismo, enfatizó que, de proceder la controversia, la economía de las familias sudcalifornianas se beneficiará, ya que disminuiría el costo de productos y enseres. Puntualizó que la controversia busca que se incluya a Baja California Sur en los estímulos fiscales que el Gobierno Federal otorgó a otros estados de la República.“Seguiremos luchando para que los sudcalifornianos paguen menos impuestos, y que Baja California Sur sea beneficiado con los criterios que establece este Decreto en materia tributaria, ya que merecemos una equidad y ser tratados igual que el resto de las entidades beneficiadas”, indicó Mendoza Davis. Finalmente, reiteró que las familias sudcalifornianas no tienen por qué pagar más impuestos.

El secretario de Finanzas y Administración (SEFIN) de BCS, Isidro Jordán Moyrón y el subsecretario de Finanzas, Luís Enrique García Sández, asistieron al taller Buenas Prácticas en Proyectos de Asociación Público Privada, organizado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León, en conjunto de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (UCEF), con el propósito de analizar modelos que generen recursos en beneficio para la obra pública. Dicho evento se desarrolló en el corporativo de Banorte en ciudad de México, y fue inaugurado por el gobernador de NL, Jaime Rodríguez Calderón, en compañía del titular de la UCEF, Fernando Arechederra Mustre, quien, por su parte Rodríguez Calderón mencionó que mediante este taller se busca promover y fortalecer el conocimiento del esquema de Asociación Público – Privada, para que gobiernos federales y estatales puedan acceder recursos para infraestructura. En este sentido, Isidro Jordán Moyrón indicó que en este curso se vieron temas como el estudio e implementación de proyectos de infraestructura pública y servicios relacionados, con el objetivo que estos se analicen, evalúen, estructuren y ejecuten de acuerdo con un conjunto de normas y procedimientos predeterminados. En este marco, el gobernador de Nuevo León, comentó que considera que no hay los recursos suficientes para obras públicas y no se puede aumentar la carga fiscal a la población del país, la cual reclama acciones mucho más rápidas y menos complicadas. Por ello, abundó que se llevan este tipo de encuentros con aquellos funcionarios que tenga a su cargo capital público, a fin de que busquen estrategias claves para el desarrollo en esta materia. En este acto se contó con la asistencia de titulares y representantes de las SEFIN de gobiernos de los estados del país. Por último, el secretario de Finanzas de BCS, detalló que este tipo de capacitaciones vienen a fortalecer la eficiencia del proceso de licitación y provisión de infraestructura con un enfoque de servicios y desempeño, así como la innovación para el desarrollo del capital público por parte del sector privado.

Con el propósito de ofrecer espacios educativos de calidad y de ampliar la oferta de enseñanza en la ciudad de La Paz, el Gobierno del Estado a través del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), inició esta semana con la construcción de una escuela primaria y un jardín de niños en la colonia “Perlas del Golfo”, informó el director del instituto, Carlos Rivas Lizaola. El funcionario estatal señaló que el costo de los nuevos planteles será superior a los 20 millones de pesos y destacó que por medio de estas acciones se cumple el compromiso de la actual administración, el de construir espacios educativos en los lugares en donde se carece de este servicio y coadyuvar para que los niños acudan a la escuela. El funcionario estatal llevó a cabo un recorrido de supervisión por la obra, en compañía de vecinos y autoridades de los tres niveles de gobierno, quien mencionó que esta nueva infraestructura educativa se ubicará en espacios colindantes, con la finalidad de facilitar a los padres de familia el traslado de sus hijos.Rivas Lizaola destacó que el Jardín de Niños contempla en su proyecto atender una población cercana a los 90 niños en sus tres grupos, con la construcción de tres aulas didácticas, dirección general y núcleo de servicios sanitarios, así como barda perimetral, acceso principal, bodega, cisterna y techumbre metálica. Respecto a la primaria, dijo que tendrá capacidad para atender una población estudiantil superior a 180 alumnos de primer a sexto grado escolar y estará conformada en esta primera etapa, por tres aulas didácticas, en planta baja, a su vez, contará con espacio para dirección y núcleo de servicios sanitarios. El titular de ISIFE expresó que en este edificio también se proyecta la construcción de plaza cívica, de acceso, cancha de usos múltiples y techumbre. Por último, Carlos Rivas estimó que tanto el jardín de niños como la primaria deberán estar listos para el inicio del próximo ciclo escolar, por lo cual el personal de ISIFE estará al pendiente, para que esta obra se concluya en tiempo y forma.

En Baja California Sur se trabaja para salvaguardar la vida y bienestar de las personas, con la certeza de que son aspectos fundamentales para lograr un mejor futuro, expresó el secretario de Salud en la entidad, Víctor George Flores al informar que el Gobierno del Estado entregó medicamento y material para la atención oportuna de urgencias a los centros de salud rurales de Comondú y Mulegé. Estos insumos, conocidos en el ámbito médico como carros rojos, se otorgaron desde La Poza Grande hasta Bahía Tortugas, con el objetivo de que el personal médico y de enfermería que labora en estas unidades estatales de salud tenga los elementos indispensables para atender a personas cuya vida esté en riesgo por un colapso respiratorio o cardiaco, comentó. Con esto se refuerza la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencias en comunidades distantes, ya que los profesionales de la salud son dotados de instrumentos especializados para desarrollar procedimientos de reanimación, como son resucitadores pulmonares, equipos para medir el nivel de oxigenación en la sangre, paquetes de intubación, cánulas para evitar que personas inconscientes se asfixien con su lengua, así como catéter para suministrar medicamentos intravenosos. Además se otorgan fármacos especializados como la adrenalina, atropina o epinefrina, que permiten dar soporte vital a personas que se encuentran en estado crítico, indicó George Flores al añadir que con esto se puede iniciar una atención primaria de los pacientes, en tanto son trasladado a unidades hospitalarias para que reciban servicios especializados. La entrega de estos carros rojos es una medida complementaria de la entrega de ambulancias de última generación, que el Gobierno de Baja California Sur realiza en los cinco municipios de la entidad, con el objetivo de reforzar la prestación de servicios prehospitalarios que son decisivos para preservar la salud y la vida, puntualizó.

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