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sábado, octubre 23, 2021
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Ejército entra a zona indígena impactada por el crimen; miles de pobladores escapan de sus comunidades

  • Autoridades de 85 comunidades de Pantelhó, enviaron una carta al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, donde manifiestan su preocupación ‘por el crimen organizado’.

Miles de integrantes del Ejército mexicano y la Guardia Nacional entraron al municipio de Pantelhó, lugar donde indígenas tsotsiles que se autodefinen como “autodefensas del pueblo”, trataron de expulsar el pasado 7 de julio a grupos vinculados al tráfico de mercancía ilegal y personas, quienes se refugiaron en esa cabecera municipal. Pobladores de este lugar y comunidades cercanas ubicadas en Pantelhó y Chenalhó, abandonaron sus hogares ante el temor de ser agredidos.

En el municipio de Pantelhó, la población no habla. Yésica y Gabriel son dos de las pocas personas que aún permanecen en la cabecera municipal. El 7 de julio de 2021, el grupo llamado “autofedensas del pueblo” intentó entrar para sacar del lugar a personas que ubican como integrantes del crimen organizado, quienes desde años anteriores han sometido a la población y asesinado a quienes los denuncian, entre ellos el ex presidente de la organización Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez.

Ambos grupos se enfrentaron durante más de 30 horas. Hasta que el 9 de julio, efectivos militares quitaron los bloqueos que impedían llegar a este lugar, y avanzaron hasta el edificio de la presidencia de Pantelhó.

Yésica y Gabriel llevaban tres días encerrados en su casa, escuchando detonaciones de bombas, y disparos de armas de grueso calibre, a tan solo unas cuadras de donde viven. Salieron al parque al ver a los militares y reporteros.

Accedieron a dar una entrevista a este medio de comunicación. Pero solo dijeron que no saben qué pasó, que desconocen el motivo de los enfrentamientos, que no saben que grupos delincuenciales hay en la zona, que ellos sólo quieren vivir tranquilos.

A unos metros de donde se encontraban dando la entrevista, un grupo de unos 20 hombres corpulentos, vestidos de civil, algunos de ellos muy jóvenes, los observaban. Al observar que reporteros intentaron hablar con las personas que aún permanecen en la localidad, se dirigieron hacia el lugar donde Yésica y Gabriel se encontraban, les murmuraron algo, recorrieron el parque central y se encaminaron nuevamente hacia el edificio de la Presidencia municipal.

Yésica y Gabriel se levantaron entonces, y en voz bajita, nos pidieron borrar los videos de la entrevista, dijeron que  este grupo los amenazó, que los tienen amenazados, que no quieren que aparezcan sus rostros, que no pueden hablar sobre lo que sucede en la región, que la mayoría de la población abandonó la localidad pero ellos prefirieron esperar porque no tienen familiares en otra región, explicaron antes de retirarse.

Este mismo grupo, que al decir de los pobladores los tienen amenazados, se apostaron en la entrada de la presidencia municipal, ahí entregaron a quien comandaba el destacamento militar, un oficio donde piden la presencia permanente de las fuerzas armadas.

“Nuestra paciencia se acabó”

En la calle que va de la entrada de Pantelhó al centro del lugar, las viviendas están vacías, los comercios cerrados. En una de las avenidas laterales hay cientos de casquillos de armas de grueso calibre tirados en el piso, huellas de detonación de explosivos, piedras regadas, los vidrios de algunas viviendas están rotos, y en sus paredes hay huellas de disparos.

El 7 de julio pasado, en esta región se vivió una batalla. De acuerdo a un video-comunicado que tres días después envió un grupo de indígenas que se hacen llamar “autodefensas del pueblo”, desde 2002 las autoridades municipales le han abierto la puerta al crimen organizado.

Relatan que sólo uno de los líderes fue detenido en 2019, pero ahora una familiar de él ocupa la presidencia municipal, y su esposo es el alcalde electo.

Las “autodefensas del pueblo” aseguran que viven en un “narcogobierno”, que les ha dejado un saldo de cientos de indígenas asesinados por negarse a participar en los negocios ilícitos, o por denunciarlos; el caso más reciente fue el asesinato de Simón Pedro Pérez, ocurrido el 5 de julio. “Somos testigos de los asesinatos que han hecho de nuestros abuelos, padres e hijos”, señalan.

“Así decidimos entrar al pueblo de Pantelhó el 7 de julio de 2021 a las 4 de la madrugada, no entramos para atacar al pueblo, sino para expulsar a los sicarios, a los narcotraficantes, al crimen organizado”, cuyos integrantes se refugiaron en la cabecera municipal, explican.

Refieren que esta intervención la hicieron “porque nuestra paciencia se acabó, porque en el gobierno federal y estatal no vemos ninguna esperanza”.

En el video-comunicado detallan que por ahora se retiraron de la zona provisionalmente, pero que se desarticularán hasta que los grupos criminales abandonen su región. También expresaron su desconfianza hacia las fuerzas armadas, porque consideran que protegen a sus agresores que, insisten, están coludidos en los tres niveles de gobierno.

Pueblos abandonados

No solo la cabecera municipal permanece semiabandonada por la población. Pobladores de comunidades cercanas de Pantelhó, y del municipio vecino de Chenalhó, también abandonaron la zona.

Las puertas de las viviendas fueron cerradas de improviso, afuera quedaron gallinas, perros, la ropa tendida en los patios. Los que pudieron salieron desde el 6 de julio, pero otros más han salido en los días subsecuentes, a pesar de que las fuerzas armadas quitaron los bloqueos que había para llegar a la zona, se instalaron en la cabecera municipal de Pantelhó, y hacen recorridos en la región.

En uno de estos caminos, ubicado a 10 minutos de la comunidad Acteal, miles de casquillos de armas de grueso calibre también se encuentran en el piso, evidencia de los enfrentamientos que se vivieron. Estos casquillos son de los disparos que hicieron los militares el 8 de julio.

Se difundió el rumor de la muerte de más de 20 personas por estos hechos, pero ninguno de los grupos reconoce tener estas bajas, ni las personas a las que acusan de pertenecer al crimen organizado, ni de las “autodefensas del pueblo”. Nadie ha visto a personas muertas en las batallas de días recientes.

Lo que sí se observa en los caminos, son camionetas de redilas con indígenas cargando las pocas pertenencias que lograron sacar de sus viviendas. Niños, niñas, mujeres y hombres van a bordo, observan con temor el camino, bajan apresuradamente y se refugian en iglesias, o en los pueblos donde consideran están relativamente seguros, y donde les han abierto sus puertas.

“No graben, no graben”, nos piden, dicen que tienen miedo que sus agresores los reconozcan en los videos que se difundan en medios de comunicación. Solo algunos, los que viven más alejados de la cabecera municipal de Pantelhó y de la zona de influencia donde ubican a personas que pertenecen a grupos criminales, aceptan contar lo que sucedió.

Manuel Pérez Pérez y ocho integrantes de su familia salieron del poblado Quixtic del municipio de Chenalhó, el 8 de julio, porque “las balas pasaban por encima del techo de mi casa”.

Dice que los disparos le recuerdan la masacre de Acteal, él y su familia son sobrevivientes de la masacre de 1997. “Ya he vivido esta situación de violencia, yo vivo cerca de la colindancia de Pantelhó y las balas se escuchan muy cerca, nos salimos porque tenemos mucho miedo. No pude sacar nada, quedaron mis pollos y mis guajolotes”, dice Manuel, anciano de 83 años.

“Desde hace algún tiempo (grupos armados) disparan, cada vez ha empeorado la situación, entonces empezamos a tener mucho miedo, porque así empezó en el 97. Siento que estamos viviendo de nuevo lo del 97. Me entristece la situación porque ya soy mayor y el miedo que siento es mucho”, explicó el anciano, con ayuda de una traductora.

Viacrucis para encontrar un refugio

Miles de indígenas de Pantelhó y Chenalhó que en días recientes se desplazaron de sus comunidades por la violencia, continúan buscando un lugar donde asilarse. Quienes tienen familiares en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas se instalaron con ellos; pero cientos más llamaron a organizaciones de la sociedad civil para que les auxiliaran.

En entrevista, dijeron que tienen miedo de acudir al albergue gubernamental que apenas el 10 de julio habilitó el gobierno de Chiapas. “Nos pueden identificar (las personas que ubican como integrantes de grupos criminales), nos pueden ver porque muchos están con el gobierno, y tenemos miedo que nos maten”, insisten.

Buscan comida, un lugar donde pasar la noche, “y que ya detengan a estos grupos que nos han amenazado durante años; pero sabemos que no hay detenidos, entonces siguen libres… no podemos regresar a nuestras casas”, explica uno de ellos, quien con decenas de indígenas más, recibieron refugio temporal con una familia que los vio acostados en una de las calles de San Cristóbal de Las Casas.

“Siguen llegando familias en camionetas, lo que estamos demandando es protección para todas las personas que están en condición de desplazamiento (…) siguen saliendo de las comunidades porque hay amenaza a su vida y su integridad, sigue sin haber una acción contundente de la parte de las autoridades para detener la violencia”, explicó Jennifer Haza, directora de la organización Melel Xojobal.

La comunidad Majomut, Acteal, Yacteclum, entre otras, también recibieron a indígenas desplazados, pero a tres días de su llegada, ya el alimento escasea, y buscan alguna organización que pueda ayudarles a conseguir víveres.

Grupos de autodefensas, una “acción desesperada”

En todo el territorio indígena de Los Altos de Chiapas -Aldama, Chalchiuitán, Chamula, Chenalhó, Pantelhó, entre otras- las acciones del crimen organizado son cada vez más visibles, explica Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Refiere que la impunidad es tal, que en Pantelhó los autos robados los utiliza la policía municipal, también esta zona se ha convertido en un corredor de tráfico de personas. “Hay siembra de marihuana, tráfico de armas, hay muchas armas de alto poder, de uso exclusivo del ejército, que hace que nosotros nos preguntemos quién financia, quién entrena a todos estos grupos, quién les proporciona el parque para todos estos disparos, para mantener asolada a la región”.

Pedro Faro señala que el Estado mexicano no ha actuado para desactivar a estos grupos, a pesar de las denuncias que ha hecho la población. 

En este contexto, el director del centro humanitario valora que la constitución del grupo “autodefensas del pueblo”, es “una acción desesperada para sacar al crimen organizado del lugar. Nosotros no justificamos la violencia de ninguna manera, pero en algunos momentos, casos o situación, no le dejan otra alternativa a las comunidades que ejercer acciones de defensa”,  como ya se ha visto en otros estados del país.

Sin embargo, refiere: “yo creo que estamos a tiempo, ahora que entró a Pantelhó la Guardia Nacional y el ejército, estamos a tiempo para que hagan la investigación judicial para ubicar a los criminales, y poder desarticular a esta red mafiosa que ha ocupado todo el territorio, a quienes las comunidades han denunciado directamente con nombre y apellido”, sostuvo.

Este domingo, autoridades de 85 comunidades de Pantelhó, enviaron una carta al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, donde manifiestan su preocupación “por el crimen organizado”; exigieron la destitución de la actual alcaldesa, Dayli de los Santos Herrera, y del alcalde electo, Raquel Trujillo Morales. Anunciaron que elegirán nuevas autoridades por el sistema de usos y costumbres.

 
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