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El pecado de ser rico.

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Antonio Ceja

Las mafufadas de la 4t de cambiarle a conveniencia los nombres a las instituciones o crear otras igual de locas como el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, son ejemplos peligrosos de que el gobierno federal está creando entidades que le den la razón a pesar de no tenerla o de que le acomoden las leyes para que el ejecutivo federal haga y deshaga a su pleno placer sin importar las consecuencias de sus actos.

Pero, el nombre, es lo de menos. Las nuevas facultades de las dependencias federales podrían abarcar acciones ajenas al espíritu democrático e institucional para servir a la sociedad y fortalecer la solidez de la república en aras del desarrollo, el crecimiento económico y la seguridad nacional. Lejos de ello, Morena está dispuesto, como partido, a hacer lo que diga el presidente López Obrador, especialmente en lo que concierne al aspecto económico donde el macuspano es un total ignorante.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Morena, propuso, el pasado fin de semana, que una de las instituciones que más reveses le ha dado al presidente en materia de estadísticas, el INEGI, se convierta en una especie de ente persecutor teniendo la facultad de medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza” de los mexicanos. En un documento de tres páginas, Ramírez Cuéllar detalla lo que él considera pertinente para que el Estado dote de bienestar a los más pobres de México y se lanza, en uno de sus apartados, a perseguir a las empresas porque considera que “La concentración y la riqueza que tiene las empresas en una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios que son básicos para la población se han convertido en una de las fuentes más importantes de la desigualdad social y económica entre las regiones y los diversos segmentos de la sociedad mexicana”.

Lo anterior, palabras más palabras menos, no es otra cosa que proceder a exterminar con la libre empresa, los negocios y todo lo que hoy es exitoso, desde el punto de vista de la 4t, por supuesto; basta, por ejemplo, comparar a un humilde vendedor de hot-dogs con una persona que no tiene un negocio propio para ser visto, el primero, como un “concentrador de la riqueza” y, por lo tanto, ser considerado enemigo del bienestar.

Ramírez Cuéllar propone la creación –más burocracia- de una entidad interna que le rinda cuentas al Congreso para “saber si los programas sociales están beneficiando a los sectores más vulnerables” y remata que dicho órgano, deberá “mostrar la sustentabilidad de las finanzas nacionales para garantizar la permanencia y la extensión de los sistemas de protección derivados del mandato constitucional”, es decir, la obligación de la entrega de dinero para programas sociales sin retraso y con puntualidad en base a una investigación fiscal de la riqueza acumulada de las empresas mexicanas –de cualquier tamaño- y extranjeras y, desde luego, de los ciudadanos que a ojo de buen cubero, sean objeto de “acumular riqueza”, deberán ceder para no caer en un affair fiscal que los puede llevar a la cárcel o, en el menor de los casos a ser motivo de una expropiación.

En caso de aprobarse esa propuesta, el Estado mexicano podrá iniciar una persecución contra la propiedad privada, los recursos ganados por utilidad empresarial que no son esenciales para llevar una vida austera y los lujos como lo es tener más de 2 autos automóviles, 2 casas, o más de 2 pares de zapatos, puede ser considerado inapropiado para la 4t y pasar de ser una persona de trabajo a delincuente.

Al Aire

La capacitación del personal operativo de salud sobre los protocolos de seguridad que se deben seguir en esta contingencia sanitaria, es una de las estrategias priorizadas por el Gobierno de Baja California Sur en el reto que plantea el COVID-19, con la perspectiva de proteger a quienes se encargan de cuidar el bienestar de los sudcalifornianos. Estos cursos que la Secretaría de Salud en el estado comenzó a desarrollar desde meses atrás, continúan efectuándose para reforzar estos conocimientos entre compañeros médicos, enfermeros, paramédicos y de servicios, indicó el secretario del ramo en la Entidad, Víctor George Flores al citar como ejemplo la capacitación que sobre el uso correcto del equipo de protección personal se brindó este lunes a médicos de internado de pregrado en el Hospital Juan María de Salvatierra. “Las instituciones del sector salud que operan en la media península han brindado esta información y actualización a más siete mil trabajadores del área de salud y del ámbito administrativo, a fin de que conozcan la normatividad y lineamientos emitidos por la federación para atender la pandemia de coronavirus COVID-19”, planteó George Flores. De esta forma puntualizó que dichas actividades refuerzan los protocolos de bioseguridad para tratar pacientes; procesos adecuados para la toma de muestras de laboratorio y su correcto embalaje y transporte, técnica de lavado de manos, gestión de residuos de laboratorio y hospitalarios, así como limpieza, descontaminación y desinfección de superficies, instrumental e instalaciones. En el caso específico de los médicos internos de pregrado, se les brindó información sobre la clasificación de riegos por tipo de función y el tipo de equipo de protección personal que deben usar de acuerdo a su encomienda médica, al igual que conocimientos puntuales sobre la secuencia de colocación del equipo de protección personal, desde la colocación de la bata desechable y la mascarilla de protección, hasta el uso correcto de guantes, googles, gorro y cubrecalzado. Aunque ellos no estarán en áreas COVID, sí tendrán contacto con pacientes que presentan otras patologías, de ahí la importancia en que conozcan estos protocolos. En esta capacitación, que fue impartida por la maestra en Salud Pública, Elia Rojas Martínez, también se les sensibilizó sobre las precauciones durante el uso del equipo de protección personal y la secuencia de su retiro, que es información relevante para el cuidado de su salud.

La Secretaría de Salud de la Entidad estableció un esquema para resurtir tratamientos a los pacientes que presentan inmunodeficiencia y que no tienen derechohabiencia social alguna, a fin de disminuir la afluencia de usuarios a los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASIT) y evitar riesgos por contagio del nuevo coronavirus. Esto permite que los pacientes reciban medicamentos para un periodo de 60 días sin necesidad de acudir nuevamente a la consulta médica, con el objetivo de que en su resguardo domiciliario puedan dar continuidad a la terapia farmacológica que les permite tener una mayor expectativa y calidad de vida, indicó el titular del ramo en Baja California Sur, Víctor George Flores. “La institución otorga tratamientos retrovirales gratuitos a las personas que no tienen cobertura médica de IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR o PEMEX, y que son portadores del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Se trata de un conjunto de medicamentos que inhiben la replicación del VIH en el organismo y que con esto evitan la disminución de aquellas células que actúan contra los agentes patógenos que amenazan al cuerpo”, explicó. En esta contingencia sanitaria por COVID-19, los CAPASITS adoptaron este esquema de tratamiento resurtible para reducir su asistencia a las unidades de salud, donde pueden estar expuestos a infecciones respiratorias, pero en caso de que presenten alguna complicación deben entablar comunicación con su médico tratante para que reciban atención oportuna. El funcionario estatal puntualizó que en el estado se cuenta con dos CAPASITS, uno en La Paz y otro en Cabo San Lucas, mismos que fueron acreditados ante la federación por la actual administración estatal, con base en los esfuerzos de mejora de infraestructura y capacitación de personal para garantizar la calidad de servicios.

El Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (ISMujeres), continúa fortaleciendo las campañas #AislamientoSinViolencia y #NoEstasSola, las cuales se han dado a conocer a medida que avanza la contingencia sanitaria por COVID-19, misma que busca evitar y reducir el índice de violencia en el hogar durante este periodo, informó la directora general el Instituto Imelda Montaño Verduzco. La funcionaria estatal precisó que, la campaña se ha intensificado a través de medios de comunicación como radio, televisión, redes sociales, perifoneo; pero también se ha llegado a más hogares gracias a la red de apoyo creada en varias colonias, sobre todo en aquellas que se han detectado mayores índices de violencia. En este sentido, abundó que se busca enviar el mensaje a cualquier mujer sudcalifornia que esté viviendo alguna situación de violencia en el Estado, “queremos que sepan que hay instituciones donde serán atendidas de manera solidaria, y por ello extendemos el número 800BCSMUJER y el 800 227 68537, y para mensajes exclusivos de WhatsApp al número 612 218 8391” puntualizó. Imelda Montaño comentó que también para todas aquellas que estén viviendo violencia extrema, el Instituto dispone de una casa refugio donde podrán resguardarse en compañía de sus hijos e hijas, donde recibirán asistencia jurídica, psicológica y médica en caso de así requerirse. Para finalizar, exhortó a las mujeres sudcalifornianas a mantenerse alertas de manera permanente ante cualquier asomo de agresiones domésticas hacia ellas, sus hijos o familiares, con la certeza de durante esta contingencia y siempre cuentan con el respaldo del ISMujeres para sentirse en un entorno familiar seguro y libre de violencia.

 

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