La secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena, destacó en el encuentro que el acuerdo supone una reflexión sobre “el estrecho vínculo entre los Derechos Humanos y la construcción de un desarrollo más sostenible, inclusivo e integrador”.
También ofrece “un camino de diálogo para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en un momento tan complejo como el que la región y el mundo están viviendo”. En definitiva, guía “las respuestas para construir mejor”.
Además, con la entrada en vigor del acuerdo, América Latina y el Caribe “está escribiendo un nuevo capítulo en materia de fortalecimiento de la democracia ambiental y el desarrollo sostenible”, agregó Bárcena, quien abogó por “recuperar la política como instrumento de cambio para generar bienes públicos y pactos duraderos”.
Asimismo, participó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que felicitó a los países latinoamericanos por este hito y calificó al acuerdo como “una de las herramientas más eficaces para responsabilizar a los Estados, defender los derechos y proteger la salud de las personas y del planeta”.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional sobre el medioambiente considerado el primer gran pacto medioambiental de América Latina y promovido por la CEPAL, en el que se incluyen preceptos como el derecho a un medioambiente sano y garantías para la protección de las personas defensoras del medioambiente.
Fue adoptado en marzo de 2018 en la localidad costarricense de Escazú, tras seis años de trabajo y de negociación entre los Gobiernos de la región, y con la ratificación de México y Argentina el pasado 22 de enero se sumaron las ratificaciones necesarias para su entrada en vigor.
Por el momento, solo ha sido ratificado por Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Antigua y Barbuda, Guyana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, México y Argentina, con ausencias de países como Colombia, donde la inseguridad contra los defensores es creciente, o Brasil, que enfrenta los graves problemas de explotación del Amazonas. Tampoco ha sido ratificado por Costa Rica, nación en la que se firmó.
