Expertos ahora chocan por rectoría energética del Estado en foro de reforma eléctrica de AMLO

  • Guadalupe Correa Cabrera denunció que comprobó que detrás de los detractores del proyecto, “existen poderes con intereses de por medio”, como Iberdrola y organizaciones como el IMCO y México Evalúa.

El tema de la rectoría energética del Estado confrontó nuevamente a especialistas durante el foro 6 del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el foro denominado “El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional”, que se realiza en San Lázaro, los defensores de la  reforma eléctrica aseguraron que la actual política energética ha despojado al Estado de la rectoría, mientras que los opositores sostuvieron que no es así.

Héctor Alonso Romero Gutiérrez, ingeniero en desarrollo sustentable por el Tec de Monterrey y jefe de la oficina del comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Luis Linares Zapa, denunció que la estrategia energética actual es un despojo del control energético que debe ser recuperado a través de la reforma que está a debate.

“Dicen que con esta reforma, la Comisión Federal de Electricidad tendrá demasiado poder para fijar las tarifas, pero ¿Por qué deberíamos dar el poder a la iniciativa privada? Debemos recuperar la rectoría, el Estado debe ser el que garantice la distribución energética y no los privados, ello permitirá avanzar hacia una mejor economía, bienestar, soberanía y seguridad energética del país”, aseveró Romero Gutiérrez.

Paolo Salerno, especialista en temas energéticos, sostuvo que el Estado mexicano sí tiene la rectoría energética del país, pues está plasmado en la Constitución, por lo que mienten quienes sostienen que la iniciativa privada se la ha arrebatado.

Recordó que el artículo 39 de la Constitución sostiene que “la soberanía reside en el pueblo”, mientras que el artículo 25 señala que “corresponde exclusivamente a la nación la planeación, el control, así como el servicio público de la transmisión y distribución de la energía pública”.

De igual forma, detalló que el artículo 18 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), señala que “el Estado ejercerá el control del sistema energético a través del Cenace, y la misma ley da tres facultades exclusivas a la CFE, que son prestar el servicio público de transmisión de energía, prestar el servicio público de distribución de energía, y garantizar la prestación del servicio público a los usuarios finales.

“Entonces en México nadie se va a quedar sin electricidad porque es una garantía constitucional llevada al pueblo a través de la empresa productiva del Estado. ¿Todo lo que establece la constitución y la LIE qué significa? Significa que el Estado es el rector, es lo que dice la constitución, no la digo yo. Dicen que el Estado ya no tiene la rectoría Energética, no es así, sí la tienen”, argumentó.

Paolo Salerno consideró que la reforma de López Obrador no es necesaria hoy en día, “pero eso no significa que no tengamos que mejorar la LIE, cualquier mercado eléctrico en el mundo actualiza su regulación cada cinco a siete años, entonces tenemos que buscar los focos para mejorar lo que se tiene que hacer”.

En defensa de la reforma eléctrica, la doctora en Ciencias Políticas, Guadalupe Correa Cabrera, denunció que tras realizar diversos análisis de audiencia y mercado, comprobó que detrás de los detractores del proyecto “existen poderes con intereses de por medio”, como, dijo, lo es Iberdrola, así como organizaciones como el IMCO y México Evalúa cuyos donantes, aseguró, “son empresas privadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá”.

La abogada Julia González Romero advirtió que la reforma eléctrica propuesta por López Obradir es violatoria del artículo 24 de la Convención de Viena, de al menos 20 convenios bilaterales de protección de inversiones, y de una decena más de tratados multilaterales, “que dan a los inversionistas protegidos ciertos derechos que les permiten demandar directamente a México, lo que derivará en costos de indemnizaciones superiores a los 70 mil millones de dólares, equivalente al 20.3% del Presupuesto para 2022 y que deberá salir de nuestros impuestos”.