Gobierno investiga a Secretaría de Marina por alterar pruebas del caso Ayotzinapa

El presidente de México,Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que ya se encuentra en en proceso de investigación para dar con los responsables de las alteraciones del sitio del basurero de Cocula en Guerrero, uno de los escenarios más relevantes para el caso de desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos en Ayotzinapa.

Esto después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) diera a conocer el lunes 28 de marzo, los avances en la investigación del caso Ayotzinapa, en los cuales se reveló, con un video de dron, la participación de la Secretaría de Marina (SEMAR) en la manipulación de la escena antes de que fuera determinada como parte de la llamada “verdad histórica”.

“Esta comisión de expertos presentó su informe, antes lo hicieron conmigo, me mostraron toda la información que tenían […] y se dio la instrucción de que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo”

El mandatario señaló que ya han declarado ante la Fiscalía General de la República los involucrados y resaltó al almirante principal encargado de la operación. Se negó a dar más información al respecto debido a que las indagaciones siguen en curso, pero reiteró su compromiso de continuar cooperando con las investigaciones y con los padres y madres de los jóvenes desaparecidos en Guerrero el 26 y 27 de septiembre de 2014.

El 28 de marzo de 2022, se llevó a cabo la presentación del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, referente al caso Ayotzinapa (FOTO: EDGAR GARRIDO / REUTERS)

En lo referente a la resistencia de la fuerzas armadas para entregar información a los investigadores a pesar de las ordenes dadas con anterioridad por él mismo, López Obrador negó que instituciones de su gobierno hayan ocultado esta información clave para el proceso de búsqueda de verdad.

“Se está entregando toda la información, se ha entregado, se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada”

Sin embargo, en la conferencia de prensa del lunes donde se presentó el tercer informe del GIEI, Ángela Buitrago, una de sus integrantes, apuntó a que ha habido una “simulación” por parte de algunas autoridades para hacer creer a la población que cumplen la instrucción, por parte del presidente, de facilitar las averiguaciones.

“Hubo personas que generaron una simulación a la orden de entregar los documentos. Hoy todavía hay instituciones que no entregan” el material necesario, reclamó la integrante de la comisión en la presentación del informe.

La manipulación del sitio del basurero de Cocula, infiltración de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la normal rural Isidro Burgos, falsificación de documentos, seguimiento de los estudiantes previo a su desaparición e intervención ilegal de comunicaciones, fueron algunos hechos que confirmó el grupo interdisciplinario encargado de investigar el caso Ayotzinapa el día de ayer.

Han pasado 6 años desde el suceso trágico en el que 43 jóvenes estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron víctimas de desaparición forzada por parte del ejercito, en la administración de Enrique Peña Nieto (FOTO: BRETT GUNDLOCK)
Han pasado 6 años desde el suceso trágico en el que 43 jóvenes estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron víctimas de desaparición forzada por parte del ejercito, en la administración de Enrique Peña Nieto (FOTO: BRETT GUNDLOCK)

El 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes se dirigieron a Iguala para hacerse con autobuses que querían utilizar con el fin de manifestarse.

Según la llamada “verdad histórica” que planteó el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes del Cártel Guerreros Unidos al ser confundidos con integrantes de una banda enemiga.

De acuerdo con esa tesis, tras ser baleados sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, versión de los hechos que fue altamente criticada y rechazada por familiares de las víctimas, el gobierno de López Obrador, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.