Ley de la Industria Eléctrica de AMLO no es monopolio, dice Sánchez Cordero

Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se invalidaron 7 ejes de la política energética impulsada por el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, matizó que esta sentencia es diferente del proceso legislativo para la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Durante la conferencia matutina, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró el mensaje que dió ayer, donde expresó que “Solamente la Comisión Federal de Electricidad puede garantizar al Estado Mexicano […] estos tres principios [continuidad, confiabilidad y estabilidad]”.

La funcionaria explicó que la decisión de la SCJN fue en torno a un acuerdo propuesto desde la Secretaría de Energía (Sener) por su titular, Rocío Nahle García. De tal forma que esto no afectará el proceso que se está llevando a cabo en el Congreso de la Unión, luego de que López Obrador envió en calidad de Iniciativa Preferente, una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Tanto la política impulsada desde la Sener, como el proyecto de reforma enviado por el Poder Ejecutivo, tienen como objetivo limitar la participación del sector privado en la producción de energía. Por otro lado, pretenden fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y reafirmar la rectoría del Estado en materia energética.

El fallo de la SCJN en contra de 22 puntos de la política de la Sener fue en solución a una controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), luego de que el acuerdo se publicó en mayo del 2020. El argumento fue que este acuerdo violentaba las competencias de la Cofece (otorgadas por la Constitución Mexicana) para regular monopolios.

La política que quedó truncada por la resolución de la Segunda Sala de la Corte, podría continuar en las reformas que se discutirán en la Cámara de Diputados. En esta ley, entre otras cosas, limita la competencia de la iniciativa privada para la generación de energías limpias (que tanto el acuerdo como la ley consideran “intermitentes” y, por lo tanto, poco confiables), además de la capacidad de privados para generar energía con motivo de autoconsumo.