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sábado, septiembre 18, 2021
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Mexicano invitado como inversionista es perseguido por el gobierno de Panamá

La vida de un empresario mexicano dedicado a manufacturar tecnología para computadoras y teléfonos inteligentes dio un giro inesperado en 2019. Este desarrollador nacido en México fue invitado por el gobierno panameño a invertir y generar empleo, pero ahora es perseguido y discriminado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de Panamá, que lo acusa de lavar dinero del narcotráfico por ser mexicano.

La desgracia del inversionista mexicano, quien pidió guardar el anonimato,  comenzó en una noche fría de diciembre de 2019, cuando fue retenido por más de 36 horas por agentes migratorios a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá, al tratar de ingresar al país donde residía con su familia.

Ese día, el hombre de negocios, quien compró 10 vehículos de lujo y dos departamentos para vivir en un oasis urbano de Panamá, fue incomunicado de su familia y equipo legal, así como se le negó asistencia médica por supuestamente ser un sujeto distinto a su persona, con una nacionalidad distinta a la mexicana y bajo tortura psicológica fue amedrentado de guardar silencio, según documentos a los que tuvo acceso Forbes México.

Después de 36 horas en condiciones inhumanas, cuando los funcionarios verificaron sus datos y documentos, la autoridad migratoria no acreditó la existencia de ningún delito, orden de aprehensión ni presentación en su contra, por lo que, sin fundamento legal, le impidieron el acceso a Panamá y lo repatriaron directamente en un vuelo a México, donde conforme a los trámites de ley, verificaron y confirmaron su identidad y nacionalidad mexicana.

Una vez en México, contrató un equipo de abogados para que lo defendiera de la arbitrariedad de la que fue víctima, y se encontró con la sorpresa de que estaba siendo investigado por lavar dinero en Panamá.

La indagatoria en Panamá generó el aseguramiento de todos sus bienes, incluida su casa y recursos, situación que por medios digitales enfrentó ante diversos jueces, quienes son parte del mismo país que le impidió acceder para defenderse, como condición necesaria del debido proceso.

En julio de 2020, el empresario se enteró de que sus cuentas bancarias aseguradas en Scotiabank y Banistmo que contienen un patrimonio superior a los 18 millones de dólares, fueron indebidamente movidas a un banco panameño, para la generación de intereses en beneficio de terceros, situación que ordenó la fiscal Sonia Almengor.

Salvador Padilla, representante legal del empresario señaló que, dicho movimiento constituye una evidente violación al debido proceso y a la seguridad jurídica

“A todos les molesta la presunción de inocencia, hasta que son imputados. Máxime cuando el tema es nuevamente que por ser mexicano y tener éxito profesional demostrado, uno es forzosamente narcotraficante o corrupto y eso no debe permitirse para ningún hijo de la patria”.

“La orden de aprehensión está basada en una carpeta de investigación en México, que ha sido concluida por la vía del no ejercicio de la acción penal, es decir una investigación cerrada en beneficio de mi cliente”, dice Padilla.

Dicha investigación de lavado de dinero es una copia o consecuencia de una investigación generalizada iniciada por Andorra, en contra de mexicanos que tenían sus activos en dicho país, pues al parecer, existía una gran relación entre la exprocuradora Kenia Porcell, y el Fiscal de Andorra.

Desde el inicio de la persecución, el empresario ha enfrentado voluntariamente las audiencias virtuales ante el Poder Judicial de Panamá, pero los fiscales Marcos Mosquera de la Guarda e Isis Soto han sostenido que el empresario es un lavador de dinero.

Todas esas afirmaciones son mentiras y discriminaciones generadas por la antipatía contra el mexicano con recursos, pues los fiscales no han exhibido ninguna prueba de que el empresario sea narcotraficante, es uso abuso de la libertad de expresión, situación que se castiga en Panamá como delito, pues es una difamación gravísima que carece de sustento.

La defensa del empresario mexicano ha demostrado, como lo exige el tipo penal de blanqueo de capitales, todos aquellos datos de prueba que sustentan la procedencia de los recursos del empresario y su origen legal, mediante contratos, contabilidades y demás actos jurídicos.

La fiscalía panameña libró orden de aprehensión en contra del mexicano, quien fue expulsado de Panamá y quien lleva más de un año con sus bienes asegurados.

La orden de aprehensión es inconstitucional e ilegal pues la misma es injustificada y desproporcionada, ya que el Estado de Panamá  le negó el acceso a su territorio al empresario, así como lo privó de la posibilidad de comparecer presencialmente a defenderse.

El empresario siempre ha estado en las audiencias virtuales que se le requieren, y ha mostrado una sujeción al proceso, el consentir dicha orden de aprehensión es un absurdo tan grande como castigar a palos a una persona por no estar en casa, cuando se le impidió entrar a la misma, señaló Padilla.

El 18 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el empresario mexicano acusado de lavar dinero al narcotráfico no se encontraba detenido con motivo de la indagatoria del Principado de Andorra y la Fiscalía de Panamá.

Un documento de la entidad a cargo de Alejandro Gerzt Manero señala que el inversionista tampoco había sido citado a comparecer con calidad de imputado ni es sujeto de un acto de molestia.

La carpeta de investigación con el número FED/CDMX/SZS/0010671/2017 tiene el estatus de concluida, dado que fue determinada por la vía de no ejercicio de la acción penal desde el 29 de mayo de 2019, añadió la FGR.

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