México liberará a los presos torturados, mayores, enfermos o que lleven sin sentencia más de 10 años por delitos leves

  • Andrés Manuel López Obrador traza una política penitenciaria para disminuir las violaciones en derechos humanos en las cárceles mexicanas, donde el 43% de los reclusos están en prisión preventiva.

La Secretaría de Gobernación prepara un decreto para ajustar la política penitenciaria y disminuir la población más vulnerable en las cárceles mexicanas. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha dado instrucciones para que se redacte un documento legal para permitir la puesta en libertad de los presos torturados, mayores de 75, enfermos crónicos mayores de 65 o que lleven sin sentencia más de 10 años por delitos leves. “Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos que no tienen sentencia y que no solo es por delitos de fuero federal, también es fuero común y es la mayoría”, ha resaltado el presidente este jueves en rueda de prensa. El documento se elaborará la próxima semana y beneficiará principalmente a los casi 95.000 reclusos que hay en las cárceles de México sin sentencia, el 43% de la población presidiaria.

El proyecto de decreto de la Secretaría de Gobernación pretende que los afectados por los retrasos en el sistema de justicia acorten su estancia en prisión. Actualmente, casi la mitad de los reclusos en cárceles mexicanas no tienen una sentencia firme y deben esperar entre rejas su proceso pese a que se les presumen inocentes. Esta medida permite encarcelar a personas que no han tenido un juicio por el potencial riesgo para la sociedad que representa el delito que se les acusa. El 43% de los presos en México están en prisión preventiva, muy por delante de EE UU que solo tiene al 24% o la Unión Europea que tiene al 25% en estas condiciones.

Cuando el decreto entre en vigor, la población penitenciaria más vulnerable también disminuirá considerablemente. “Toda la población penitenciaria que tenga más de 75 años podrá solicitar que se le conceda la excarcelación y siga en su casa en prisión domiciliaria”, ha informado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Los que tengan una enfermedad crónica o degenerativa y sean mayores de 65 años también podrán acogerse a este derecho.

Los presos que aleguen tortura y que pueda comprobarse a través del peritaje del Protocolo de Estambul también podrán beneficiarse de la excarcelación, estén acusados del delito que sea. “Lo que queremos dejar en claro es que como política de Estado, nosotros no permitimos la tortura”, ha sentenciado el presidente, quien reconoce que es una medida polémica. Los detalles del decreto todavía no han sido publicados.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, ha puesto cara a esta problemática en México con los ejemplos de varios casos mediáticos. El ejemplo de Israel Vallarta es el más sonado. Con 16 años en prisión sin sentencia y con evidencias de tortura en su detención, las autoridades han pedido que se revise su caso y se emita sentencia para no dilatar más su estancia en prisión. El caso de Brenda Quevedo Cruz, detenida desde 2009, quien ha alegado haber sido torturada en dos ocasiones y cuyo proceso se alarga por trabas en las resoluciones burocráticas. Y también está el caso de María Isabel San Agustín, con una sentencia de 65 años por secuestro pese a haberse comprobado con el protocolo de Estambul que fue torturada durante su proceso. “Cualquier persona, sea quien sea, y que haya sido objeto de tortura, debe ser puesta en libertad de inmediato y los torturadores deben de ser castigados”, ha subrayado Encinas.