El espionaje a través del programa que vendió NSO a gobiernos de unos 50 países desató un escándalo internacional que pone sobre relieve cómo los jefes de Estado y de gobierno usan recursos públicos para espiar ilegalmente a sus gobernados, esto a un nivel más relevante en México.
Los congresistas rechazan los argumentos de defensa de NSO, de que no sabía que a los gobiernos que les vendió Pegasus lo usaban para actividades ilegales y criminales de espionaje.
“NSO demuestra un arrogante desdén por las preocupaciones que de manera constante han mencionado los especialistas en seguridad cibernética sobre el espionaje a funcionarios públicos, activistas defensores de derechos humanos y periodistas”, agregan los congresistas
Además de sancionar a las empresas como NSO, los integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos piden al gobierno de Biden trabajar con sus homólogos para no garantizar el cierre de las compañías involucradas en el espionaje.
“Los regímenes autoritarios al comprar el software a compañías privadas no hacen distinción entre terroristas y disidentes pacíficos, si usan estas herramientas sólo en contra de terroristas, cualquier persona racional asume que también lo usan en contra de periodistas y activistas, y esto también incluye a Estados Unidos”, apunta la declaración.
Malinowski, Porter, Castro y Eshoo, enfatizan que en su país nunca tolerarían que, en contratos con compañías privadas, el Pentágono desarrollara, por ejemplo, un dron o un misil o tecnología láser y dar esas herramientas a las agencias de inteligencia (espionaje).
Específicamente los cuatro congresistas le piden al gobierno de Biden tomar seis pasos concretos para evitar que se repita un caso como el de NSO.
Uno, denunciar públicamente y por medio de reportes al Capitolio, a las compañías privadas que dan mal uso a la tecnología cibernética de intrusión y la venden a gobiernos.
Dos, considerar a NSO y otras compañías para incluirlas en la lista en el Acta Global Magnitsky para que puedan ser sancionadas por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) dependientes del Departamento del Tesoro.
Tres, aprobar una legislación o una orden ejecutiva para sancionar a los regímenes o personas y compañías que le vendan estas herramientas a gobiernos autoritarios.
Cuatro, garantizar que NSO y otras compañías estén impedidas de recibir fondos de inversores estadunidense.
Cinco, acelerar los trabajos para contar con una iniciativa multilateral para imponer controles y transparencia sobre derechos humanos, instrumentos de supervisión o intrusión cibernética.
Y seis, investigar si el programa Pegasus se utilizó en contra de periodistas, trabajadores humanitarios, diplomáticos y otros, de los Estados Unidos y que el gobierno dé garantías de protección a la ciudadanía ante la creciente amenaza de la industria mercenaria del espionaje cibernético.
