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jueves, junio 24, 2021
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Política social de la 4T no ‘blindó’ combate a pobreza

La política social del presidente Andrés Manuel López Obrador, basada en programas que entregan transferencias monetarias, intentó contener los estragos de la pandemia, sin embargo, no evitará el retroceso de una década en los avances obtenidos en la reducción de la pobreza, advirtieron el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y expertos.

José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval, señaló que los programas sociales en el ámbito federal han priorizado las transferencias monetarias no condicionadas, lo que sirvió para complementar los ingresos de los hogares, no obstante, prevalece el reto de que la política social evite que se reviertan los avances obtenidos en la reducción de carencias sociales.

“La política social pudo haber contenido los efectos de la pandemia en la pobreza. Ha habido complementariedad de los programas entre estados, municipios y federación, pero lo que planteamos es que tendría que redoblarse la coordinación a nivel federal en los responsables de los programas prioritarios”, sostuvo en entrevista con El Financiero.

Armando Bartra, investigador académico de Coneval, alertó que “hace un año se podía decir que se había recuperado lo perdido en la crisis de 2008-2009, pero llegó la COVID-19 y lo echó para atrás. Se regresó a niveles de hace 10 años. Después de 10 años de esfuerzo, de gasto y de política social, regresamos a la situación de hace una década, sobre todo pobreza por ingresos”.

Gonzalo Hernández, director de la Red de Pobreza Multidimensional y extitular del Coneval, subrayó que la política social no ayudará a evitar que se reviertan los avances en la reducción de pobres “porque en 2020 nos encontramos con un problema que no había en 2019 ni 2018, pero el gobierno no hizo programas de apoyo para el problema nuevo y ha estado pensando que los programas previos a la pandemia serán la solución”.

Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, afirmó que “los programas de transferencia actuales no incluyen a todos los grupos afectados por la crisis de COVID-19, como son los trabajadores urbanos que viven al día, que no están contemplados y están en riesgo de perder ingreso cotidiano”.

Claudia Maldonado, investigadora del Coneval, dijo que “si bien las transferencias aspiran a una visión universalista no están adecuadamente concebidas en clave de protección porque no están diseñadas para prevenir, mitigar o atenuar los riesgos que pueden tener las personas a lo largo de su vida”.

El Coneval presentó el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2020 el cual arrojó que la política social vigente se caracteriza por falta de integración de los programas, ausencia de un Padrón único de Beneficiarios, falta de un documento rector que defina el modelo de coordinación de los programas y falta de capacitación de los servidores de la nación.

Para la atención de la pandemia, el gobierno federal realizó 53 intervenciones en 2020, de las cuales 31 son programas presupuestarios y 22 acciones no presupuestarias. Las intervenciones estuvieron alineadas al personal de salud, investigación científica sobre COVID-19, mejora de ingresos, seguridad social, atención médica y psicológica, y apoyos alimentarios y crediticios.

Entre los programas integrales de bienestar se identificaron 16 de desarrollo social federales, 15 de reciente creación más el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

“Las respuestas a la contingencia sanitaria han sido heterogéneas: hemos visto la urgencia de reconvertir hospitales para la atención de pacientes con COVID-19, la necesidad de implementar programas sociales o de agilizar la entrega de estos como un intento de contener los estragos de la crisis”, suscribe el informe.

Coneval mantuvo sus estimados de mayo de 2020 respecto del incremento de la pobreza por la crisis, es decir, que la pandemia podría generar un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de personas con ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos, y de entre 6.1 y 10.7 millones de personas con ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos.

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