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martes, agosto 3, 2021
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Punto final a reforma de subcontratación

  • La minuta, que elimina prácticas que dañan los derechos laborales y evita evasión de impuestos y defraudación fiscal, fue aprobada por la Cámara alta con 118 votos a favor y solo dos abstenciones.

El paquete de reformas para regular la figura del outsourcing o subcontratación, aprobadas por el Senado y enviadas al Ejecutivo para su entrada en vigor, evitará una evasión fiscal de entre 300 y 500 mil millones de pesos por año, estimaron senadores.

El pleno de la Cámara alta aprobó el martes, con 118 votos a favor y solo dos abstenciones, el dictamen que tiene como objetivo eliminar las prácticas que dañan los derechos laborales, así como evitar la evasión de impuestos, la defraudación fiscal y la evasión en el pago de cuotas patronales al IMSS y al Infonavit.

“Es un paso trascendental para lograr que la evasión fiscal se controle, reduzca y elimine, porque hasta hoy, y son las cifras que se han estimado y calculado, son entre 300 y 500 mil millones de pesos por año que se han evadido a través de este sistema de simulación laboral, de facturas falsas y de la falta de una transparencia financiera”, aseveró el presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, al presentar el dictamen.

De acuerdo con el líder de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, la reforma será “un parteaguas” en regulación de subcontratación porque garantizará derechos laborales.

El morenista Germán Martínez y exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), celebró la aprobación, ya que, destacó, beneficiará al IMSS, el cual pierde 50 mil millones de pesos al año.

El paquete de reformas comprendió cambios a las leyes del Trabajo, del Infonavit, el Código Fiscal, la ley del ISR, del IVA y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como del Apartado B del artículo 123 de la Constitución.

De acuerdo con el priista Manuel Añorve, alrededor de 5 millones de trabajadores laboran bajo este esquema, lo cual significa que no tienen todas las prestaciones laborales como aguinaldo, bonos y premios.

“Es indignante saber que aún existen personas que defienden este modelo esclavizante que afecta, de acuerdo con el Inegi, a 4.5 millones de mexicanos y mexicanas, que representan el 17.1 por ciento del personal ocupado en el país”, afirmó la morenista Blanca Piña, quien consideró que se debe eliminar definitivamente el outsourcing.

El legislador sin partido Emilio Álvarez Icaza consideró, no obstante, que hay pendientes, como el separar el derecho a la salud del trabajo, ya que –consideró– el derecho a la salud debe ser un principio universal.

La reforma establece que las empresas no podrán contratar trabajadores bajo el esquema de outsourcing para realizar tareas permanentes o esenciales, sino únicamente en casos de trabajos especializados y efímeros, que no formen parte de las labores esenciales y permanentes de la compañía.

De acuerdo con el dictamen, quien realice subcontratación, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación, sin contar con registro correspondiente, se le podrá imponer una multa de hasta 4.4 millones de pesos.

Además, se establece que el patrón que no permita la inspección y vigilancia de las autoridades será acreedor de una multa de entre 22 mil y 448 mil pesos.

Las empresas tendrán tres meses para incorporar a sus trabajadores que están subcontratados como empleados permanentes.

De acuerdo con la nueva normatividad, la administración pública federal tendrá prohibido subcontratar personal, con excepción de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público.

El Gobierno de López Obrador ha compensado una caída en los ingresos fiscales provocada por la recesión del año pasado con fuertes medidas contra la evasión. El proyecto de ley de subcontratación es el último esfuerzo de su Gobierno por desafiar a la élite empresarial del país y permitirá a su partido pregonar los avances para los trabajadores antes de las elecciones parlamentarias y locales de este año.

Expertos advierten dificultades para empresas

Entre complicaciones y dudas por los “vacíos legales”, confusión por la nueva fórmula para el Reparto de Utilidades y con el reloj encima, será como las empresas implementarán durante los siguientes cuatro meses la reforma que regula el outsourcing, advirtieron expertos consultados por El Financiero.

Coincidieron en que en el sector privado había una conciencia sobre ir hacia la eliminación del outsourcing abusivo, sin embargo, hay un malestar con relación a las “formas” en que el Gobierno federal se aproximó a la reforma, pues eligió el camino “complicado” de interpretar varios de los ajustes a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y otras seis leyes que se reformaron.

Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), celebró en su cuenta de Twitter que, “con la aprobación en el Senado de la reforma en materia de subcontratación u outsourcing concluye un esfuerzo colectivo para acabar con la simulación laboral e inicia una nueva etapa de regularización y reivindicación en favor del #TrabajoDigno”.

Tras la aprobación de la reforma, Jorge Sales Boyoli, presidente del Comité de Capital Humano del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), estimó que a partir de este miércoles las empresas comenzarán a evaluar la transferencia de personal e, incluso, la presentación de amparos, pero también vendrán cuestionamientos a las autoridades sobre dudas de la implementación.

“Faltó empatar tiempos jurídicos con los fiscales, laborales y penales. Veremos mucha confusión y mucha presión a la autoridad administrativa para que nos dé su versión o interpretación de varios de los vacíos legislativos que quedaron en esta reforma, ahí es donde va a estar la presión”, indicó.

Carlos de Buen, director del Bufete de Buen, sostuvo que la reforma que se hizo a la LFT para adicionar una nueva fórmula para el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) resulta confusa, ya que lo lógico es que la reforma entrara en vigor para efectos de subcontratación, pero que para las utilidades su vigencia fuera en 2022 para efectos fiscales.

“No hay una norma clara que permita resolver esos temas. El mayor tache de esta reforma se lo pondría a la PTU. Las empresas tendrán tres meses para regularizarse y eso preocupa en términos de las Utilidades porque no se sabe si vamos a dividir el ejercicio fiscal en dos, no veo cómo. Va a ser un lío por no hacer las cosas correctamente y eso es imputable al Gobierno federal como a legisladores”, expuso.

El abogado laboral Ángel de la Vega dijo que el proyecto de ley dejaba muchos detalles para ser resueltos por las autoridades laborales, lo que aumenta las incertidumbres con respecto a su implementación.

Los tiempos, un gran desafío

En tanto, Fernando Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), estimó que los tiempos para cumplir con las nuevas obligaciones de la reforma de subcontratación serán un desafío para las empresas trasnacionales y las Pymes, como también para las autoridades gubernamentales en su agilidad al desahogo de trámites burocráticos y la eficacia de su estrategia de información.

Indicó que la conformación del Padrón Nacional de Empresas de Subcontratación enfrenta el reto del poco tiempo, sobre todo para empresas globales que tienen que tomar decisiones a distancia.

“Se ve difícil sobre todo para empresas globales, también aquí por cuestiones de la pandemia hacer fusiones o escisiones de empresas se tiene que presentar en el Registro Público de la Propiedad y ahí hay grandes rezagos, se están tardando mucho en los registros y mientras no tengas hecho el registro de una fusión o una escisión, no surte efectos y no puedes hacer los trámites ante las autoridades. Hay muchas cosas para las que están cortos los tiempos”, apuntó.

Yllanes dijo que también entre las Pymes la mayoría no cuentan con las capacidades de organización para actuar a cambios inmediatos.

Dijo que de la STPS se requiere un esfuerzo de comunicación, transmitir el mensaje claro y sencillo sobre las nuevas obligaciones y su cumplimiento, y el otro esfuerzo que el gobierno debe hacer es el de facilitador de todos los procesos.

Los expertos coincidieron en que la STPS requerirá un esfuerzo de comunicación para transmitir el mensaje claro y sencillo sobre las nuevas obligaciones para las empresas contratantes y contratistas, así como un esfuerzo para facilitar a las empresas todos los procesos.

En tanto, Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup Latinoamérica, dijo en un comunicado que en la medida en que el país genere empleo formal y se reduzca la informalidad, habrá mayor bienestar.

“Una ley por sí sola no logra estos objetivos, por lo que se necesitará de una colaboración activa entre el sector público y empresarial para alcanzarlos. Los efectos de la reforma los veremos con el tiempo, y solo así se podrá demostrar que la flexibilidad es indispensable para sostener una economía dinámica y en recuperación con más empleos en la formalidad”, sostuvo.

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