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    SCJN admite analizar controversia promovida por gobierno estatal contra decreto de estímulos fiscales. Diputados federales y senadores de Morena y PT guardan sospechoso silencio.

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    + La medida busca la reducción a la mitad del IVA del 16% al 8% y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) disminuirlo en una tercera parte (33%).

    +“Resulta inconcebible que quienes se dicen agentes del cambio tengan una visión patrimonialista de la función pública”: Ramiro Ruiz Flores.

     

    Luego de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera analizar la controversia constitucional que interpuso el gobierno del estado que busca que entidad sea considerada dentro del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte del país que se emitió el 31 de diciembre del 2018, los ciudadanos nos preguntamos dónde están la totalidad de nuestros legisladores federales para enfrentar esta situación.

    Este decreto permitió disminuir impuestos en las entidades y diversos municipios del norte del país por lo que Baja California Sur a través de su gobierno estatal, busca que también en la entidad se aplique esta medida, justamente porque desde 1939 la media península fue considera como zona fronteriza.

    Pero la mayoría de nuestros representantes populares federales, guardan un sospechoso silencio.

    Esta lucha no es nueva y el actual gobernador Carlos Mendoza ya desde sus tiempos como senador de la República se opuso decididamente al incremento del IVA.

    Hoy ha mantenido esa postura por lo que es importante y trascendental que la Suprema Corte de Justicia haya admitido analizar esta controversia que busca modificar el referido decreto presidencial.

    Lo curioso de este asunto que además es una muy sentida demanda de la población sudcaliforniana, no ha sido retomado por los representantes populares de Morena, ni por los diputados federales del PT que representan Alfredo Porras y Ana Ruth García Grande que en este tema, como en otros, simplemente están completamente ausentes.

    Víctor Castro senador con licencia, actual superdelegado del gobierno federal, simplemente ha evitado tocar el tema. Ha preferido estar bien con su jefe y no entrar en controversias con el presidente López Obrador, aunque ello le genere un enorme costo social.

    Costo social que claramente Víctor Castro prefiere asumir.

    Quienes han trabajado en un bloque bien conformado son los representantes de Acción Nacional la senadora Lupita Saldaña y el diputado federal Rigoberto Mares que no han dejado de insistir al respecto.

    Esto provoca que se actúe con mucha cautela por parte de los representantes populares de Morena y del Partido de Trabajo para no oponerse a la decisión presidencial que definitivamente ha proporcionado a los sudcalifornianos un trato fiscal diferenciado.

    Las condiciones de Baja California Sur, exigen que este tratamiento fiscal sea similar al de la zona norte del país, pues la comercialización de diversos productos es ya de por sí compleja lo que impacta en la elevación de precios que por supuesto generan condiciones de mayor dificultad económica a quienes habitamos esta región del país.

    Ojalá se pueda conformar un bloque entre todos los representantes populares más allá de los colores y de las banderas políticas sin perder de vista que la prioridad es atender esta sentida demanda de los sudcalifornianos.

    Aunque el decreto tiene una temporalidad de dos años, lo cierto es que mientras esto sucede los sudcalifornianos estamos en condiciones de desventaja frente a otras entidades del país, precisamente por una medida presidencial que nos excluye de sus beneficios sin el menor rubor.

    Por ello llama la atención la admisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a esta controversia que impulsa el gobierno estatal precisamente para tratar de alcanzar por esta vía, un mejor trato fiscal por parte del gobierno federal.

    La referida controversia, busca beneficiar a la población sudcaliforniana, con la reducción a la mitad el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es actualmente del 16 por ciento y dejarlo en 8 por ciento, y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) disminuirlo en una tercera parte (33%).

    Este cambio de estatus fiscal de Baja California Sur que se registró a partir del 2013, ha sido un tema prioritario en las acciones del actual gobierno estatal, por lo que llama la atención que el resto de los representantes populares parecen no estar muy preocupados por esta medida que impacta de manera directa en la población en general.

    Incluso a pesar de que fue bandera de lucha electoral incluso entre candidatos de la alianza conformada por Morena y el partido del trabajo en la campaña pasada.

    Esperemos que se alcance el objetivo porque de ello depende en gran medida que la economía de las familias sudcalifornianas se beneficie con la reducción en el costo de productos y enseres que se comercializan en la entidad.

    Definitivamente en este tema la madurez política debe estar por encima de las confrontaciones partidistas para hacer fuerza común y más allá de intereses políticos o particulares prevalezca el interés de la comunidad que en teoría se supone, todos los representantes populares coinciden en obtener mejoría para los habitantes de la media península.

    Esperemos que así sea y se logre incluir a Baja California Sur entre los estímulos fiscales que el Gobierno Federal otorgó a otros estados de la República.

    Ya veremos qué sucede.

    VITRINA

    El gobernador Carlos Mendoza Davis dio el banderazo de inicio al Programa de Conservación y Rehabilitación de Caminos 2019, en la comunidad de Palo Verde, municipio de Mulegé, el cual tendrá cobertura en los cinco municipios del Estado, trabajando de manera coordinada con el Batallón de Ingenieros de la 3/a Zona Militar. Acompañado por el presidente municipal, Luis Felipe Prado, el mandatario estatal señaló que esta ambiciosa estrategia permitirá el mejoramiento de más de 1 mil 700 kilómetros en toda la entidad, en donde los militares proporcionarán equipo, operadores y personal de apoyo, y el Gobierno del Estado coordinará el recurso para la operación y ejecución de las acciones… Para fortalecer el modelo de seguridad con capacitaciones de nivel internacional, elementos policiacos del estado participaron en los cursos de “Reconocimiento Básico de Documentos Falsos e Impostores” y “Entrevista No-Confrontacional”, coordinados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) e impartidos por el Departamento de Estado del Consulado de Tijuana, informó Marco Antonio Montoya, Subsecretario de Seguridad Pública en BCS. El funcionario de seguridad indicó que con la colaboración de expertos en materia investigación de Estados Unidos y México, se busca el perfeccionamiento de las prácticas y técnicas que se utilizan en la prevención de delitos y auxilio de procuración de justicia por parte del personal adscrito a las instituciones de seguridad pública en la entidad… Funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno deben actuar conforme a la ley y no caer en actos de corrupción, declaró Ramiro Ruiz Flores, Diputado del segundo distrito, como parte de su pronunciamiento realizado este jueves en tribuna. “Hago un llamado respetuoso a quienes integran el poder ejecutivo, el poder judicial y desde luego a quienes integramos este Honorable Congreso del Estado para que abonemos al desarrollo económico de nuestra entidad y nuestro país, asumiendo un compromiso renovado con nuestra función pública, pero sobre todo que impulsemos este cambio teniendo como punto de partida el respeto a la legalidad, la justicia y los derechos humanos”, exhortó. Reiteró que la ciudadanía depositó su confianza en quienes ahora se encuentran en el poder, y por ello deben cumplir con los lineamientos que caracterizan a la cuarta transformación combatiendo la corrupción. “Resulta inconcebible que quienes se dicen agentes del cambio tengan una visión patrimonialista de la función pública y que en lugar de atender su cargo con humildad, siga pensando que ser servidor es una patente de corso para disponer a su antojo de las herramientas humanas y materiales que el cargo les confiere”, puntualizó Ramiro Ruiz, ante el pleno del Estado… El diputado Homero González Medrano presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado presentó el informe del resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del municipio de La Paz correspondiente al ejercicio fiscal de 2017, así como de la evaluación del informe anual auditado de esa entidad fiscalizable. González Medrano informó que del análisis realizado por la comisión que reside, se encontró que de un total 414 observaciones por incumplimiento a las disposiciones legales, respecto de la recepción, administración y ejercicio de los recursos públicos, 124 se han solventado, quedando pendientes de solventar 290 observaciones, que suman un importe de $303,754,234.74 (trescientos tres millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro pesos 74/100 M.N.). Dado lo anterior, indicó el legislador, la XV Legislatura instruye a la Auditoria Superior del Estado, para que en el ejercicio de sus facultades proceda, y se ajuste a lo dispuesto en los títulos y capítulos respectivos de la determinación de daños y perjuicios, y del fincamiento de responsabilidades previsto en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, conforme los tiempos y periodos que se ejerció el gasto público… Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, motivo por el cual es de suma importancia que todos los servidores públicos de la XIII Administración que preside Armida Castro Guzmán se capaciten constantemente, y estar conscientes que no es responsabilidad de un área en específico, sino de todos quienes prestan un servicio al contribuyente, así lo dio a conocer el coordinador de Derechos Humanos en Los Cabos, Egdar René Bertín Olachea. En este sentido indicó que, ofertan capacitación constante en todo el Municipio como lo es el Taller de “Formación de Promotoras y Promotores de en Derechos Humanos” en la zona norte del municipio iniciando en Miraflores, con la actualización de 30 servidores públicos; continuando en Santiago, y para concluir en La Ribera, con la finalidad de capacitar y mejorar la atención y servicio al ciudadano, garantizando sus derechos y obligaciones…

     

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