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¡Un Congreso espurio!

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El gobernador Carlos Mendoza Davis lanzó ayer una alerta nacional para prevenir a los gobiernos estatales sobre las ilegalidades en la que, como en el caso de Baja California Sur, están incurriendo los diputados locales de Morena, de eliminar a sus contrapartes minoritarias, violentando leyes y cayendo en desacato al máximo órgano de justicia en el país, para imponer sus intereses políticos y personales en detrimento de la ciudadanía y de la democracia.

Al dar a conocer ayer su postura referente a la acción cometida por los 13 diputados que integran Morena y del PT, por haber destituido a cinco diputados y sancionar a otros 3, dijo que se trata de un acto que viola la orden expresa de un juez federal y que además, pasa por alto un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que tratan de invalidar el voto emitido por miles de sudcalifornianos al imponer por encima de ellos, sus intereses.

Como lo dijo el propio mandatario en un video mensaje a la población, el grupo de 13 diputados son una mayoría insensata e irracional, porque atropella el estado de derecho y la legalidad del estado, al escudarse en una falaz interpretación del principio de mayoría parlamentaria.

Este, es un antecedente peligrosísimo para la democracia mexicana sin precedente en BCS, y que de ninguna manera como gobernador, lo va a permitir ni mucho menos va a convalidar.

Por ello lanzó una advertencia al resto de los gobiernos estatales del país donde hay mayoría morenista en los congresos estatales, donde pueden pretenden hacer lo mismo, de hacer un verdadero autogolpe legislativo, y en este caso, previendo las elecciones del próximo año, por lo que pidió no permitir esta situación que afecta seriamente la democracia en este país, porque pretenden hacer su voluntad personal y atendiendo intereses de personajes que tienen las manos metidas en el congreso local, como se ha visto en anteriores ocasiones.

Lo peor de todo esto, es que existiendo una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional para restablecer la conformación integral del congreso conforme lo determinó la ciudadanía a través del voto en el 2018, mandato que fue desoído por el grupo de los 13 diputados de Morena y PT, cayendo en una ilegalidad desde el pasado 27 de marzo.

Por ello el gobernador exigió a dichos legisladores, a respetar el estado de derecho y las decisiones que al respecto ordenó el Poder Judicial de la Federación para garantizar el equilibrio en las relaciones entre el poder Ejecutivo y el legislativo en la entidad.

Cabe recordar que el fallo de la corte es que los actos posteriores al 27 de marzo, son inválidos, por lo que el Ejecutivo Estatal reafirmó su postura y decisión, de no publicar en el Boletín Oficial del Estado, leyes y decretos que fueran aprobados posterior a esa sesión del mes de marzo.

“Por si esto no fuera suficiente, el grupo de los ocho diputados que fueron ilegalmente sometidos a juicio político, goza del beneficio y protección de una suspensión concedida por la juez segundo de distrito en Baja California Sur que expresamente concedió a los demandantes e instruyendo al Congreso de abstenerse de dictar resolución definitiva dentro del juicio político referido, lo que justo hicieron el pasado sábado”, afirmó el gobernador en su mensaje, donde fue categórico al señalar que esa destitución y amonestación, son una flagrante violación a la Ley de Amparo, cuando son los propios diputados hacedores de leyes, al caer en esta incongruencia, pues deben ser los primeros en poder el ejemplo de respetar lo que dictan esa leyes, por lo que con esa actitud, cayeron en desacato, y de esto, obviamente lo sabe el Juzgado de Distrito, quien deberá tomar cartas en el asunto, pues al violentarse su determinación, puede proceder legalmente contra quien incurrió en violar la normatividad, que como se dijo en la entrega anterior, pueden destituir a esos 13 diputados,

fincarles responsabilidad con penalidad y sanciones severas como la inhabilitación para ocupar un cargo publica en un lapso de 3 a 9 años.

La acción ilegal y violenta que tomaron el grupo de 13 diputados (de Morena y PT), tendrá severas repercusiones jurídicas que afectarán gravemente a la población ante la falta de reformas, leyes y aprobaciones que deberían hacer sobre todo cuando la población es afectada por una pandemia que a dañado seriamente la salud y la economía de la ciudadanía, ante lo cual han mostrado una insensibilidad, como lo explica Mendoza Davis, por el momento de dolor, angustia e incertidumbre que padecen todas las familias del estado.

Los diputados de Morena como del PT, han recibido el rechazo y el repudio de la población en general como de varias dirigencias de partidos políticos estatales, al denunciar estos hechos ilegales en donde no han sabido anteponer las diferencias políticas a las necesidades de la gente, que reclama hoy más que nunca, de estar unidos para resolver los problemas que la aquejan y no perderse en la ambición por los recursos financieros, que por cierto, se han volcado en las oficinas de la tesorería del congreso para apoderarse de las finanzas estatales, en una clara ambición económica y de una politiquería barata y sin razón.

Aunado a lo anterior, y es lo que no se entiende, pues tanto esfuerzo ha hecho el gobernador del estado como la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, por gestionar ante el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para construir una desaladora en Cabo San Lucas, para llevarles agua a cerca de 80 mil ciudadanos. Fue el mismo presidente, en su reciente visita a Los Cabos, quien al escuchar las peticiones, aprobó el proyecto y anunció la realización de esta obra tan necesaria para cumplir con la demanda ciudadanía para contar con agua potable. Sin embargo, ese grupo de diputados desatendieron esa orden emanada de su propio líder moral del partido como es López Obrador, y han hecho caso omiso por aprobar dicho proyecto, que de no hacerlo, se puede caer y dejar sin agua a los habitantes de 17 colonias populares de Cabo San Lucas.

Es claro que lo hecho por ese grupo de 13 diputados no tuvieron esa visión, pues con su actuar atentan contra esa determinación presidencial, por lo que la desaladora, con un costo de 4 mil millones de pesos y que no le costará un solo peso al ayuntamiento, puede perderse esa inversión y ya no regresar a Los Cabos. Flaco favor le hacen estos diputados morenistas a su partido al no aprobar este proyecto que ya había sido aprobado por los conocedores de este, como son la CONAGUA, la propia Secretaría de Hacienda y los técnicos del Organismo Operador de Los Cabos, además de la autorización del propio presidente de la República quien la aprobó el pasado 7 de agosto.

No cabe duda, que en la historia política del estado, ésta, es la peor legislatura de que se tenga memoria, porque en casi dos años, no han respondido a las demandas de los ciudadanos que lo eligieron, pero si se ha destacado por sus actos comprobados de corrupción y de mal manejo de los recursos financieros, además de cobrar jugosos salarios cercanos a los 300 mil pesos mensuales.

Les ha de retumbar muy duro en los oídos de los 13 legisladores la frase del Ejecutivo estatal, cuando expresó que con esta nueva integración legislativa “es un congreso espurio”.

Ya solo faltará saber que resolución toma el Juzgado de Distrito en la entidad sobre este desacato legislativo. Pero lo que sabe todo mundo, es que si se decide a actuar, pueden rodar esas 13 cabezas y llamar a los suplentes. Y también, como lo afirmé en la entrega pasada en este mismo espacio, hasta pueden ponerles el overol amarillo, si de esos que les ponen a los internos del edificio ubicado por el Boulevard Colosio y calle Antonio Álvarez Rico. Porque no vemos por dónde, estos legisladores entren en razón, pues ya perdieron dos oportunidades, y como dice el dicho, la tercera… es la vencida

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