Los habitantes del fraccionamiento Ruiseñores, en Tala, Jalisco, lo conocían como “el mataperros”. Eduardo “N” trabajaba como guardia de seguridad privada. Pero, de acuerdo con vecinos, tenía la costumbre de atrapar perros callejeros y llevarlos hasta su domicilio localizado en las calles de Arroyo Bernabé y Naranjo.
Ahí, los maltrataba, los violentaba, los mataba, y después les encendía fuego. Los vecinos aseguran incluso que Eduardo “N” se los comía.
“Se oía que gritaban los perros cuando los ahorcaba”, relató un testigo.
El domicilio era una casa dúplex. Al interior de la misma las autoridades encontraron bolsas de plástico con restos de lo que se presume son casi 50 perros, además de huesos calcinados en el jardín y en el patio de la propiedad. Los oficiales rescataron, también, a más de 10 perros con vida. Esto se debió a una denuncia interpuesta por vecinos del fraccionamiento, que a lo largo de un año habían solicitado ayuda, sin éxito, de las autoridades correspondientes. En el momento de la aprehensión de Eduardo “N”, los habitantes de la calle le gritaron “asesino”.
No obstante, Eduardo “N” fue detenido por una falta administrativa debido a la violencia con la que reaccionó contra los policías que se presentaron en su propiedad. Eduardo contaba ya en su expediente con antecedentes criminales, por haber asesinado a un perro en Zapopan, en 2014. En ese momento, arrojó al animal de un segundo piso.
Eduardo “N” podría quedar en libertad esta misma semana, pese a las quejas y denuncias de asociaciones protectoras de animales. El Gobierno Municipal de Tala aseguró a través de sus redes sociales que “ya se realizan las investigaciones correspondientes de nuestras autoridades competentes para que la persona pague el daño, como lo marca la Ley Protectora de los Animales”.
El maltrato animal es una cotidianidad en México. Las leyes creadas a la fecha no han logrado evitar que la crueldad humana retroceda en la forma en la que tratamos a los animales. Hace apenas unas semanas, el país se horrorizó con el suceso en el que un hombre arrojó a un perro a un cazo de aceite hirviendo en el Estado de México.
En Jalisco, el maltrato animal puede castigarse con cuatro meses, y hasta cuatro años de prisión.