Antonio Ceja
Desde el primer día en que asumió la gubernatura de Baja California Sur, al morenista Víctor Manuel Castro Cosío se le multiplicaron los actos delictivos de manera alarmante lo que generó una serie de reclamos sociales a los que “El Puchas” los consideró como infundados y alarmistas generando una división entre sus los datos oficiales y la realidad. Las cámaras de comercio, colectivos y el clero, se convirtieron de la noche a la mañana en piedras en el zapato del gobernador y ello, desencadenó una serie de conflictos especialmente entre el clero en voz del obispo paceño Miguel Ángel Alba Díaz y los colectivos locales dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas. El binomio ha cuestionado insistentemente al gobernador de no mover ni un dedo paras paliar el fenómeno de desaparecidos y su búsqueda, tema que hoy abordaremos en esta entrega.
Como ya es costumbre, los gobiernos de la cuarta transformación niegan, pese a las evidencias, todo aquello que, de alguna forma, evidencie su ineficiencia al gobernar; lo tapan todo con argumentos absurdos, faltos de lógica y alejados de toda realidad. El fenómeno de desaparición de personas en Baja California Sur suma 921 ciudadanos, 135 de ellos fueron “levantados” en 2022 d ellos cuales no se sabe nada de ellos.
Bajo esa perspectiva, el gobierno que encabeza Castro Cosío ha mostrado poco interés por entrar de lleno al tema de los desaparecidos. La estrategia gubernamental se ha resumido en dos reuniones plagadas de promesas para que los familiares y colectivos de ciudadanos que buscan a sus familiares. La más reciente reunión que sostuvo el gobierno morenista con familiares de personas desaparecidas fue el pasado 21 de abril la cual, no aparece en el portal del gobierno quizás por haber sido un desastre ante los reclamos de inacción que los colectivos le hicieron al procurador estatal Daniel de la Rosa el cual, solo se centró a presentar cifras de personas que aparecieron y de reiterar el compromiso de seguir trabajando para disminuir el fenómeno, o sea, palabras y más palabras pero ninguna acción específica para apoyar a los colectivos de búsquedas de personas desaparecidas.
En un reporte realizado por las cámaras de comercio, el crimen organizado ha multiplicado sus acciones desde que ganó Víctor Castro; desde el cobro de piso a comerciantes y empresarios. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020, BCS reportó 89 casos de extorsión; en 2021 se iniciaron 99 carpetas de investigación; y en nueve meses de 2022, se contabilizaron 127 carpetas de investigación, es decir, un aumento de 42.69% más que en 2020 y 31.46% que, en 2021, pero el año aún no termina. (Zeta). Como respuesta, Castro Cosío negó que el fenómeno de cobro de piso exista en el estado que gobierna pese a los datos arriba citados. Si embargo, el fenómeno de personas desaparecidas, a diferencia del cobro de piso a los empresarios locales, toca fibras más sensibles.
Las desapariciones están imparables: colectivos.
Luego de la decepcionante reunión con el procurador estatal Daniel de la Rosa, las redes sociales se inundaron de comentarios y reflexiones respecto a la omisión de acciones de la procuraduría sudcaliforniana.
Acusaron el procurador de ser solo un parapeto en función del compromiso oficial por apoyar a los familiares y acusaron de que las carpetas de investigación “siguen archivadas, sin cambio alguno”.
Para saber más: https://www.debate.com.mx/policiacas/Procuraduria-de-Baja-California-Sur-reporta-trabajo-familias-la-critican-20230421-0288.html
