La entrada en vigor de las reformas del “plan B” electoral oficialista ha abierto un frente cada vez más ancho en el conflicto entre el titular del Ejecutivo y el poder Judicial. La magistrada Janine Otálora, integrante del Tribunal Electoral federal (TEPJF), ha elaborado un proyecto en el que propone restituir a Edmundo Jacobo Molina en su cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano mexicano encargado de organizar las elecciones. El “plan B” —un paquete de reformas impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para disminuir la estructura operativa del INE— establecía la destitución inmediata de Jacobo con la promulgación de las nuevas leyes. Tanto el funcionario electoral como el INE impugnaron ante el TEPJF la medida, asunto que fue turnado a la ponencia de la magistrada Otálora. Tras divulgarse que el sentido de su proyecto era favorable a Jacobo, la Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, promovió un recurso en el que exige que la magistrada —a la que acusa de parcial y de transgredir sus facultades— no participe en la votación del asunto.
La Suprema Corte de Justicia será la última instancia encargada de analizar si las leyes del “plan B” son inconstitucionales, como han acusado activistas y partidos de la oposición, pero, en tanto, el Tribunal Electoral resolverá los llamados juicios ciudadanos, promovidos por personas que consideren vulnerados sus derechos políticos con la implementación de las reformas, caso de Edmundo Jacobo. Quien fuera secretario ejecutivo del INE a lo largo de 14 años ha acusado ante el TEPJF que, contrario a lo que permite la Constitución, el “plan B” es una norma privativa, es decir, que está dirigida a una persona en particular, pues en los artículos transitorios de las nuevas leyes se estableció específicamente que el secretario ejecutivo del INE debía ser cesado del cargo. El Instituto Electoral, por su parte, ha alegado que la designación del secretario ejecutivo es una facultad de los propios consejeros, no del Ejecutivo ni del Legislativo, por lo que la reforma implica una invasión a su autonomía constitucional.
El proyecto elaborado por la magistrada Otálora valida los argumentos de Jacobo y del INE. El documento, dado a conocer por Milenio, ordena inaplicar el artículo transitorio Decimoséptimo del decreto de reforma, que ordenaba al titular de la secretaría ejecutiva del árbitro electoral “cesar en sus funciones” con la entrada en vigor de las nuevas leyes. La magistrada Otálora —que fue presidenta del TEPJF— argumenta que se trata de una norma privativa, cuando la Constitución establece que las leyes deben ser generales, abstractas e impersonales, nunca dirigidas a una persona en particular. Además, señala la jueza, la reforma invade la autonomía del INE y sus facultades constitucionales.
“La Constitución establece, de manera expresa, que la persona titular de la secretaría ejecutiva del Instituto Nacional Electoral será nombrada con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidencia. En consecuencia, el Congreso de la Unión no puede determinar en una ley transitoria, que ‘cesará en sus funciones’ ni establecer parámetros a la autoridad administrativa nacional para efectuar una nueva designación”, dicen las resoluciones del proyecto.
La noche del martes, la Consejería Jurídica presidencial dio a conocer que promovió un “incidente de impedimento” contra la magistrada Otálora, a la que ha acusado de “prejuzgar” a favor de los intereses de Jacobo. La Consejería ha exigido a la Sala Superior del TEPJF que ordene a la magistrada abstenerse de participar en el juicio. “De estimarse lo contrario —advierte en su recurso—, podría entenderse que el tribunal actúa de manera parcial y arbitraria, lo que vulneraría el Estado de Derecho y dejaría en duda la legitimidad de dicho tribunal”. Además, la Consejería Jurídica —que funge como asesora legal del presidente López Obrador— ha señalado que Otálora violó varias leyes y reglamentos que obligan a los jueces a ser imparciales y los sancionan por adelantar el sentido de los proyectos de sentencia o de sus votos. En los hechos, la Consejería acusa la magistrada de haber filtrado a los medios su proyecto antes de que fuera votado por el pleno de la Sala Superior.
Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista e investigador de la UNAM, advierte de que el recurso de la Consejería Jurídica presidencial busca ejercer una “presión indebida” sobre el Tribunal Electoral. “Yo creo que hay muchas disposiciones en el ‘plan B’ que podemos discutir si son constitucionales o no, hay unas muy evidentes, hay otros cambios que no creo que sean constitucionales, hay otros que son muy debatibles. Esto de Edmundo Jacobo está clarísimo, no hay por dónde, sería una vergüenza que algún magistrado del TEPJF concluyera que el Congreso sí puede destituir así al secretario ejecutivo, sería una aberración”, ha dicho en entrevista. “Que la consejera jurídica [Estela Ríos], que tendría que ser una de las mejores abogadas del país, salga a defender una destitución de este tipo y a criticar a una ministra que lo único que está haciendo es hacer valer la Constitución, es un retrato perfecto sobre el muy precario estado de la Consejería Jurídica en esta Administración”.
López Obrador criticó en su momento a Jacobo por impugnar ante el Tribunal Electoral su destitución del cargo, en el que ha estado 14 años. “A lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia”, ironizó el presidente en una de sus conferencias mañaneras. “Se le olvida que vivimos en una república, no en una monarquía. Si se hace una reforma y ya se considera que un cargo como el que él desempeñaba es innecesario y que hay que ahorrar… porque me gustaría que él informara desde cuándo está en el cargo y cuánto gana”. Jacobo percibía un sueldo de 167.000 pesos mensuales netos. “¡Y todavía se atreve a quejarse!”, exclamó el mandatario.
