Antonio Ceja
El gobierno mexicano que encabeza López Obrador no se cansa de formular leyes que se anteponen al beneficio del país y sus seguidores en aprobarlas sin siquiera medir las consecuencias que el hecho provoca. Ciegos y solo atentos a lo que les ordena Obrador, los legisladores del PVEM y del PT, agachan la cabeza ante la incongruencia del tabasqueño que no ceja en su empeño de lesionar, hasta donde puede los cimientos nacionales.
Ahora, inspirado en su arcaico sueño de nacionalizar todo lo que se le ocurra, López Obrador envió una propuesta al Poder Legislativo para su revisión y -segura- aprobación de una ley que permite al gobierno federal cancelar, sin resarcir daño alguno, contratos firmados con particulares que, desde el punto de vista del ejecutivo, “lesione la soberanía e interés nacional”. Lo anterior, ya se vio reflejado en la reciente compra de 13 plantas generadoras de electricidad que le vendió la española Iberdrola al gobierno de la cuarta transformación y donde los ejecutivos de la empresa ibérica le ofrecieron al ignorante presidente mexicano por 6500 millones de dólares antes de que el macuspano aplicara la nueva ley arriba citada so pena de no recibir beneficio. https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2023/04/10/venta-de-iberdrola-inversionistas-electricos-huyen-de-mexico/
Si se aprueba la propuesta presidencial, los inversionistas nacionales y extranjeros lo pensarán dos veces antes de poner en riesgo sus capitales para infraestructura o en la creación de empresas a través de contratos como lo marca la relación entre el gobierno y los privados que, mediante contratos conseguidos en licitaciones públicas, el binomio trabaja para lograr avances sociales en el país.
La intención del presidente es la de que el Estado proporcione y controle todo, desde los alimentos hasta la salud, infraestructura, banca, esparcimiento, elecciones, combustibles, electricidad, comunicaciones, forma de vestir, educación, actividad deportiva, justicia entre otros controles que, a su juicio, harían de la sociedad y del país, entidades ajenas a la inteligencia y al progreso nacional.
La intención de crear iniciativas como la arriba citada, frenará la ya de por si precaria inversión en México ya que, pese a existir un contrato firmado entre ambas partes, si el gobierno mexicano considera que se está abusando de la buena fe, basta declarar a la empresa como una entidad dañina y así, sin juicios se decomisen obras sin resarcir por ello, los daños económicos motivo de la suspensión del contrato quedándose el Estado con todo.
La historia ya demostró hasta el cansancio que el control del Estado de toda actividad socio económica solo genera pobreza y desigualdad. Países que han adoptado esta fórmula de control hoy se debaten entre la miseria, la violación de Derechos Humanos y el desplome de sus economías como resultado de esas políticas que el pleno siglo XXI se saca de la manga el ignorante presidente mexicano.
Es evidente que la propuesta de López es la de cerrar las inversiones de empresas nacionales e internacionales en el país y por ello, nace la pregunta ¿de dónde sacará el gobierno federal dinero para aplicarlo en obra social? La respuesta podría ser que, ante la falta de recursos privados, se apele al dinero del crimen organizado, un sector que el presidente Obrador protege y apapacha en función de llegar a acuerdos de financiamiento para el desarrollo del país a un costo peligroso en el mediano y largo plazo.
¿Por qué el crimen organizado? Muy sencillo; sin evidencias de los movimientos de millones de dólares para la hacienda pública, los recursos tienen que lavarse de alguna manera y qué mejor que hacerlo en infraestructura mediante contratos con empresas fantasma y que gozarían la famosa cláusula de que no se pueden revisar porque serían consideradas como obras y contratos de “seguridad nacional” tal como ocurre con el AIFA, Dos Bocas y el tren maya cuyos montos de inversión no son susceptibles de ser revisados y mucho menos auditados.
