· La iniciativa propuesta por Cristina Contreras Rebollo busca subsanar una insuficiencia mediante un sistema de protección que no sustituya las competencias de las autoridades laborales
La Paz, BCS, 09 de octubre de 2026.- Con el propósito de fortalecer la protección, dignificación, seguridad y acompañamiento institucional de maestras, maestros y demás personal educativo, sin menoscabo de los derechos de niñas, niños, adolescentes, madres, padres de familia y tutores, la diputada Cristina Contreras Rebollo, presentó al pleno iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Educación del Estado de Baja California Sur.
La promovente indicó que la propuesta derivo de las diversas situaciones de violencia, amenazas, acoso, hostigamiento, intimidación y agresiones relacionadas con el ejercicio de las funciones de maestras y maestros, dentro de los planteles, en sus inmediaciones o fuera de ellos, mediante redes sociales, plataformas digitales y servicios de mensajería, espacios en los que una inconformidad puede difundirse de manera inmediata, alcanzar a un número indeterminado de personas y generar consecuencias personales, familiares, laborales y profesionales para quien es señalado, incluso antes de que los hechos hayan sido valorados por las instancias correspondientes.
Precisó que la iniciativa no propone crear una nueva estructura administrativa ni una autoridad especializada con facultades ambiguas, siendo así que la responsabilidad institucional corresponderá a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado, dentro de las atribuciones que ya le reconoce la legislación; la distribución interna de funciones, los plazos, formatos y mecanismos de coordinación se determinarán en la Guía Operativa y los protocolos.
Finalizó al indicar que la ausencia de una ruta institucional claramente definida puede provocar respuestas fragmentadas, por lo que, la presente iniciativa busca subsanar esa insuficiencia mediante un sistema de protección que no sustituya las competencias de las autoridades laborales, administrativas, civiles, penales o de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
