+La clave está en el orden y control desde la administración de los recursos materiales.
+Reactiva la XVII legislatura el parlamento Infantil sudcaliforniano después de seis años.
Luego de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado a las cuentas públicas del 2023 de ayuntamientos y diversas instancias municipales y estatales, llama la atención que la cuenta pública del gobierno del estado de ese mismo año, resultó aprobada en un dictamen que este martes se presentó ante los legisladores para su primera lectura de rigor.
Este dictamen firmado por la comisión de Auditoría del Congreso del Estado que preside la diputada Gabriela Montoya, leído en lo que fue una maratónica sesión del Congreso del Estado, se contradice con los resultados obtenidos en las revisiones de los ayuntamientos que conforman la entidad, así como de diversos organismos entre ellos los administradores de los sistemas de agua potable.
Así que para este jueves se espera la segunda lectura que posiblemente se obviará para pasar directamente a la aprobación por parte del pleno legislativo de un documento que pone en claro que en la administración estatal de los recursos económicos y materiales, se manejan de mejor manera que en los ayuntamientos que fungieron durante ese año 2023.
Este resultado es de suma importancia para un gobierno estatal que llega al cuarto año y que requiere enviar señales de que la administración de los recursos materiales y económicos públicos se realizan de manera adecuada.
Es evidente que el trabajo en equipo realizado desde la Dirección General de Recursos Materiales que depende de la Secretaría de Finanzas del Estado es de resaltarse pues de no ser así resultaría muy complejo aplicar el control y el orden administrativo y en la aplicación de los recursos que se reflejan ahora justamente en la aprobación de esta revisión.
Está claro que el resultado que se expresará en este dictamen genera más confianza en la administración estatal, lo que obviamente no se puede aplicar a ayuntamientos sudcalifornianos, especialmente en los casos de Mulegé y Los Cabos, que como ya se conoce, sus respectivas cuentas públicas no fueron aprobadas. En La Paz la revisión resultó favorable.
Así que los dictámenes de la Auditoría Superior del Estado y de la comisión respectiva del Congreso del Estado, pone en claro que se hizo un trabajo profesional y objetivo que pone sobre la mesa la necesidad de que se hagan las correcciones necesarias para evitar en el futuro que el manejo de los recursos sea cuestionado.
Desde luego para el gobierno estatal que tendrá aprobada la cuenta del año 2023, es de suma importancia, sobre todo si queda claro que en los ayuntamientos existe un clima administrativo que pone en duda el manejo de los recursos.
Por supuesto habrá que reconocer a quienes han hecho bien su tarea y llamar la atención a quienes saben que aún tienen mucho por hacer, sobre todo si entre esos equipos existen quienes pretenden mantenerse en el ánimo de la población en futuras decisiones tal como las que se tomarán en el 2027.
¿No le parece así amable lector?
VITRINA
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