La Paz, Baja California Sur, a 26 de junio de 2024.- El diputado Luis Armando Díaz, se pronunció por la búsqueda de mecanismos que permitan construir con responsabilidad política e histórica la siguiente etapa de la transformación de México y Baja California Sur y sus municipios, respetando la decisión del pueblo.
Durante su intervención en tribuna afirmó que el principio central del Partido del Trabajo, es reconocer que quien tiene el poder en el ejercicio del servicio público es el pueblo y para ello tiene como base de sus principios la línea de masas, que obliga a desarrollar la capacidad del pueblo a decidir”.
“Ni la arrogancia ni la soberbia caben porque nuestro movimiento es genuino y resultado de la elección del pasado dos de junio representa la mayoría del pueblo”.
A través de un pronunciamiento, se refirió a sus homólogos y homólogas, reconociendo su pertenencia política, porque la pluralidad en la XVI Legislatura, permitió encontrar coincidencias más que diferencias: “les reconozco la defensa puntual de sus ideología, porque eso nos permitió también transitar por la vía de la discusión y el debate”.
El líder de la bancada del PT, enfatizó que en su partido, hay hombres y mujeres guerreras y guerreros comprometidos con las nuevas generaciones, y hoy en esa gran alianza de partidos y fuerzas progresistas del país, lograron no solo ganar una elección, sino la continuidad de un proyecto de transformación, que busca consolidar las aspiraciones y los anhelos del pueblo mexicano; un pueblo que masivamente salió el 2 de junio y decidió seguir haciendo historia impulsando a la primera mujer presidenta de México después de 200 años.
“Nos queda claro que al haber logrado un triunfo contundente el 2 de junio nos compromete a trabajar con un alto compromiso social y político”, citando como ejemplo, la reforma al Sistema Judicial, donde uno de sus objetivos es la elección mediante voto directo y secreto de magistrados y jueces; se pretende la reducción del número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9 ministras y ministros; cambiar el mecanismo de elección de ministros y jueces; la transformación del actual Consejo de la Judicatura Federal, para dar paso a dos nuevos órganos: uno, para administrar el sistema en su conjunto, incluyendo la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y un Tribunal de Disciplina Judicial; así como, establecer un periodo máximo de seis meses para resolver conflictos.
La iniciativa oficial, también establece que las entidades federativas tendrán que reformar su legislación local para “garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía.
