· Con esta iniciativa, el Congreso de BCS busca consolidar un modelo institucional más austero, transparente, equitativo y alineado a las nuevas disposiciones constitucionales del país
La Paz, BCS, 22 de mayo de 2026.- La XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur presentó una iniciativa de reforma constitucional, impulsada por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, para armonizar la Constitución local con las recientes reformas federales aprobadas a nivel nacional, consolidando principios de transparencia, eficiencia administrativa y paridad de género.
La iniciativa fue leída por el diputado Eduardo Van Wormer Castro, presidente de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia en la XVII Legislatura, quien destacó la importancia de actualizar el marco constitucional de Baja California Sur para responder a las nuevas disposiciones nacionales en materia de austeridad, igualdad sustantiva y eficiencia institucional.
Entre los principales cambios propuestos destaca la incorporación obligatoria de los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento del Poder Legislativo y de los ayuntamientos del estado.
Asimismo, la iniciativa plantea una reducción en el número de regidurías en los cinco municipios de Baja California Sur, pasando de 48 a 35 espacios en total, lo que representa una disminución del 27 por ciento, medida que busca generar gobiernos municipales más eficientes y con un uso más responsable de los recursos públicos.
De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma responde a un principio de austeridad y racionalidad administrativa, priorizando que los recursos públicos se destinen a áreas de mayor impacto social e infraestructura para beneficio de la ciudadanía.
Se destaca también que, el Congreso estatal no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos total del Estado, estableciendo límites claros al gasto legislativo y fortaleciendo la disciplina financiera; además, se establece que los recursos derivados de los ajustes presupuestales serán destinados a obras de
infraestructura pública, garantizando principios de legalidad, transparencia y honradez en el manejo del dinero público.
La iniciativa también endurece las reglas sobre prestaciones y beneficios de servidores públicos, prohibiendo la contratación de seguros privados y privilegios que no estén expresamente contemplados en la ley.
La propuesta fue presentada el pasado 19 de mayo de 2026 por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, integrada por el diputado Eduardo Van Wormer Castro, así como por los diputados Sergio Guluarte Ceseña y Fernando Hoyos Aguilar.
