La Paz, BCS, 24 de abril de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia electoral y garantizar una defensa adecuada de los derechos político-electorales de la ciudadanía, la diputada Karina Olivas Parra (PT) presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California Sur, a fin de crear la Defensoría Pública Electoral.
La legisladora planteó que esta nueva instancia funcione dentro del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur con autonomía técnica y operativa, brindando de manera gratuita servicios de asesoría, orientación y defensa jurídica a ciudadanas y ciudadanos cuyos derechos político-electorales se vean amenazados o vulnerados.
Expuso que, aunque la legislación vigente ya contempla la orientación y asesoría en materia electoral, aún no existen reglas claras sobre la integración, atribuciones, funcionamiento y alcances de una defensoría especializada.
Olivas Parra afirmó que la justicia electoral debe estar al alcance de todas y todos, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad “Con esta iniciativa buscamos emparejar el piso, abrir más oportunidades y garantizar que nadie se quede sin acompañamiento legal en los procesos electorales”.
Subrayó que la propuesta busca atender con especial sensibilidad a mujeres en casos de paridad y violencia política de género, personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, adultas mayores, así como niñas, niños y adolescentes, entre otros grupos prioritarios.
La iniciativa toma como referencia avances recientes en la materia, como la creación de la Defensoría Pública Electoral por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como experiencias ya existentes en entidades como Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, Tabasco, Quintana Roo y Chihuahua. Con ello, se busca que Baja California Sur cuente con un modelo propio que permita ampliar las condiciones de acceso efectivo a la justicia electoral en el ámbito local.
Entre los puntos centrales de la propuesta se contempla que la defensoría sea una instancia accesible para el trámite, seguimiento y conclusión de denuncias, quejas, recursos, procedimientos y juicios previstos en la ley; que sus servicios sean exclusivamente para ciudadanas y ciudadanos en el ámbito local; y que, en el caso de pueblos y comunidades indígenas que no hablen español, se garantice de forma gratuita la asistencia de intérpretes o traductores.
La iniciativa propone, además, establecer requisitos específicos para la designación de la persona titular y de quienes se desempeñen como defensoras o defensores, privilegiando la experiencia en derecho electoral y derechos humanos, así como principios de legalidad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, objetividad y máxima diligencia. Fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos para análisis
