La Paz, Baja California Sur, 12 agosto de 2025.- Propone la diputada Teresita Valentín Vázquez la creación de un Protocolo Estatal de Seguridad Escolar, obligatorio para todos los niveles de educación básica y media superior, que prevenga y disminuya riesgos de violencia en planteles educativos.
La propuesta busca reglamentar los procedimientos de seguridad, entre ellos el denominado “operativo mochila” para evitar la introducción de objetos peligrosos o prohibidos a las escuelas.
“Es sabido, desde siempre, de situaciones que comprometen la integridad de la comunidad escolar, como el ingreso de armas, sustancias prohibidas o la comisión de actos violentos dentro de los planteles educativos. Algunas autoridades escolares se han visto obligadas a implementar medidas como la revisión de mochilas, sin contar con protocolos unificados, generando dudas sobre su legalidad”, explicó la iniciadora.
La propuesta adiciona un artículo 20 Bis a la Ley de Educación del Estado de Baja California Sur que establece que el protocolo será emitido por la Secretaría de Educación Pública del Estado en coordinación con la SEP federal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dicho protocolo deberá contemplar el implementar revisiones de mochilas o pertenencias, únicamente cuando existan indicadores objetivos de riesgo, tales como reportes de violencia, antecedentes documentados de portación de objetos prohibidos, o recomendaciones de los órganos colegiados escolares.
Para su aplicación, se deberá contar con el consentimiento informado de madres, padres o tutores; con personal adulto calificado y representantes del comité escolar, y que se respeten la dignidad, privacidad e integridad de niñas, niños y adolescentes.
La iniciadora subrayó que ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolvió en el año 2020 que las revisiones de mochilas realizadas por autoridades escolares sin consentimiento de madres, padres o
tutores y sin protocolos establecidos, vulneran los derechos a la privacidad, integridad personal de los menores, por lo que cualquier revisión debe ser regulada por un protocolo claro, fundado y proporcional, como el que propone para reglamentarlo y establecerlo en la legislación estatal, como ya lo han hecho otras entidades como Jalisco y Ciudad de México.
